Este es el primero de una serie de dos artículos de opinión que examinan por qué la cuenca del Congo recibe mucho menos financiamiento forestal que otras regiones tropicales.
La cuenca del Congo absorbe seis veces más dióxido de carbono que la Amazonía. Sin embargo, recibe una fracción mínima del dinero global invertido en la mejora de la gestión forestal y la conservación. Tras dos décadas trabajando en políticas de bosques tropicales, hemos llegado a considerar este desequilibrio como uno de los fallos de mercado más peligrosos en las finanzas climáticas globales. Y está empeorando incluso cuando los compromisos financieros aumentan.
Entre 2008 y 2017, el financiamiento internacional para bosques tropicales se distribuyó aproximadamente de la siguiente manera: Sudeste Asiático 55 %, Amazonía 34 % y cuenca del Congo 11 %. Ese patrón no ha cambiado realmente durante la última década.
Solo Noruega ha canalizado 1200 millones de dólares hacia Brasil a través del Fondo Amazonía desde 2008. En 2010, el país firmó un acuerdo REDD+ comparable por 1000 millones de dólares con Indonesia.
La Iniciativa Forestal de África Central (CAFI), que agrupa a seis países de la cuenca del Congo, ha movilizado 680 millones de dólares en compromisos totales a través de dos cartas de intención con la República Democrática del Congo (RDC) —200 millones en 2016 y 500 millones en 2021—, junto con alianzas adicionales con Gabón, la República del Congo, Camerún y Guinea Ecuatorial. Sin embargo, los desembolsos han sido lentos. A finales de 2020, solo se habían transferido 202 millones de dólares. Aunque los desembolsos se aceleraron en 2024 (alcanzando 122 millones ese año), la brecha entre los compromisos y el dinero efectivamente entregado sigue siendo amplia.
Para ponerlo en perspectiva, tanto en términos monetarios como por hectárea: los compromisos totales de CAFI con la RDC desde su creación en 2015 —unos 700 millones de dólares— equivalen aproximadamente a dos tercios de lo que Noruega, por sí sola, ha prometido a un solo país en la Amazonía desde 2008.
La Amazonía atrae aproximadamente 1,14 dólares por hectárea al año en financiamiento forestal tropical. El Sudeste Asiático recibe entre 1,50 y 2,10 dólares. Los países de la cuenca del Congo reciben entre 0,21 y 0,50 dólares.
Una conservación significativa solo en la RDC requeriría entre 10 y 15 dólares por hectárea al año. Para los 143 millones de hectáreas de bosque del país, eso se traduce en más de 500 millones de dólares anuales.
El Center for Global Development ha estimado el valor anual del servicio de eliminación de carbono de la cuenca del Congo en 55 000 millones de dólares. Mientras tanto, la ayuda al desarrollo forestal en África promedia apenas 170 millones de dólares al año. Esta relación de aproximadamente 150 a 1 entre el valor del servicio y la compensación representa quizá el fallo de mercado más llamativo en la política climática global.
Vista aérea del bosque en Yangambi, República Democrática del Congo. Foto de Axel Fassio/CIFOR-ICRAF.
¿Por qué este desequilibrio?
La explicación inmediata que se cita con más frecuencia para esta brecha de financiamiento es la gobernanza. Los países de la cuenca del Congo obtienen puntuaciones bajas en la lucha contra la corrupción, la transparencia, el estado de derecho y los índices de facilidad para hacer negocios. Por ello, tanto los inversionistas públicos como los privados son cautelosos.
Pero la gobernanza explica, como mucho, una parte de la historia.
Indonesia y Brasil obtienen puntuaciones similares a las de los países de la cuenca del Congo en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional —todos por debajo del punto medio de 50, que comparten más de dos tercios de los países del mundo—. Sin embargo, Indonesia y Brasil reciben mucho más financiamiento forestal que la cuenca del Congo. Las puntuaciones de gobernanza por sí solas no explican la brecha.
Entonces, ¿qué más podría estar ocurriendo? Aquí hay algunas hipótesis.
El efecto de las cadenas de suministro de materias primas
Un factor poco considerado reside en los mercados globales de commodities.
Para bien o para mal, el aceite de palma, el caucho, la soya, la carne de res y la madera conectan directamente los bosques de Brasil y del Sudeste Asiático con los balances de las corporaciones multinacionales, sus bancos y sus accionistas. Estas dinámicas de cadena de suministro crean actores corporativos interesados en la conservación y generan presión reputacional para reducir la deforestación. Activan amplias dependencias y conexiones globales que aún no existen en los países de la cuenca del Congo.
Por ejemplo, cuando Wilmar International adoptó una política de cero deforestación en 2013, desencadenó una ola de compromisos corporativos en toda la industria del aceite de palma. En una década, Indonesia redujo la deforestación asociada al aceite de palma a aproximadamente el 18 % de sus niveles máximos.
El colectivo Rimba, respaldado por Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble y Wilmar, ahora busca movilizar 1000 millones de dólares en inversiones para la conservación.
En comparación, los países de la cuenca del Congo cuentan con muy pocas empresas con este tipo de dependencias, conexiones y presión reputacional.
La deforestación en la cuenca del Congo sigue estando impulsada principalmente por la agricultura de subsistencia y actividades relacionadas (producción de carbón vegetal y extracción de madera), lo que genera una débil capacidad de presión corporativa y de las cadenas de suministro internacionales.
La falla de diseño de REDD+
Otro problema estructural radica en el diseño del propio REDD+.
El marco de REDD+ fue diseñado para recompensar la reducción de la deforestación en lugar del mantenimiento de los bosques en pie. Esto creó una dinámica perversa: los países que ya habían destruido grandes áreas forestales y luego redujeron esa destrucción (Brasil, Indonesia) recibieron pagos, mientras que los países que mantuvieron sus bosques intactos (Gabón, República del Congo) no lo hicieron.
La lógica de “peor primero, pago primero” canalizó sistemáticamente el financiamiento lejos de los lugares donde los bosques se conservaron intactos.
El nuevo Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF por sus siglas en inglés) parece diseñada para corregir esta falla, pero aún no está plenamente operativa ni financiada.
La brecha de monitoreo
Sin sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV), los países no pueden demostrar reducciones de emisiones y, por lo tanto, no pueden acceder a pagos basados en resultados, independientemente de cuánto carbono absorban realmente sus bosques.
Brasil ha operado monitoreo satelital de la deforestación desde 1988 a través de su Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), con aproximadamente 2.000 empleados. Indonesia ha desarrollado un sistema nacional de MRV que ha demostrado 577 millones de toneladas de reducciones verificadas de emisiones.
Papúa Nueva Guinea invirtió una década en construir un Inventario Forestal Nacional que permitió su primer pago REDD+ basado en resultados, por 63,4 millones de dólares, del Fondo Verde para el Clima en 2025. Papúa Nueva Guinea tiene una puntuación similar a varios países de la cuenca del Congo en el Índice de Percepción de la Corrupción, y aun así logró acceder a financiamiento climático basado en resultados.
La lección es clara: la infraestructura científica y los datos sólidos, transparentes y verificables no son un lujo, sino un requisito previo para acceder al financiamiento climático.
Con la posible excepción de Gabón, los países de la cuenca del Congo carecen de sistemas nacionales de monitoreo de esta escala. Lo que sí tiene la región es un importante apoyo internacional a la investigación, que crece día a día con múltiples iniciativas.
Durante más de dos décadas, por ejemplo, la Comisión Europea ha apoyado la creación, actualización y mejora del Observatorio de Bosques de África Central (OFAC), coordinado por el Centro para la Investigación Forestal Internacional y Centro Internacional de Investigación Agroforestal (CIFOR-ICRAF) y ahora una unidad especializada de la Comisión de Bosques de África Central (COMIFAC). Este organismo regional se ha convertido en la principal infraestructura de conocimiento de la región. La publicación insignia de OFAC, El estado de los bosques de la cuenca del Congo, se ha producido siete veces desde 2005. La edición de 2021 movilizó a 152 autores en 13 capítulos y sigue siendo la referencia más completa para quienes trabajan en los bosques de África Central.
Pero OFAC, sus socios y otras iniciativas no pueden sustituir lo que en última instancia se necesita: sistemas de monitoreo de propiedad nacional que los gobiernos de la cuenca del Congo puedan operar, mantener y escalar de forma independiente.
> Lee la Parte 2 de esta serie, que examina los desafíos institucionales más profundos que enfrenta la cuenca del Congo y lo que se necesitará para asegurar su futuro.
