En 2026, un equipo de investigación que estudiaba 38 áreas protegidas de gestión estatal en la Región Florística del Cabo, en Sudáfrica, encontró algo que debería preocupar a cualquiera que se base en un sistema de evaluación para saber si las acciones en conservación están funcionando.
Los investigadores compararon los indicadores estándar de efectividad de la gestión antes y después de aplicar un marco de apoyo a la toma de decisiones de uso extendido. Los indicadores generales aumentaron, impulsados por mejores resultados en aspectos como los insumos y los productos, entre ellos la disponibilidad de personal y la finalización de planes. Sin embargo, aquellos que describían el terreno en sí, incluidos la vegetación, el suelo y la condición ecológica, mostraron una historia diferente: disminuyeron.
La diferencia entre ambos conjuntos de indicadores no es una anomalía aislada. Se extiende en toda la estructura en la que el mundo se basa para evaluar si la gestión forestal y del paisaje funciona, desde las áreas de protección estricta hasta concesiones madereras para plantaciones industriales. El marco global más utilizado para este tipo de evaluaciones, desarrollado por la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), señala seis aspectos que una evaluación adecuada debe monitorear: contexto, planificación, insumos, procesos, productos y resultados. Solo el último aspecto de estos describe lo que realmente ocurrió sobre el terreno. Los otros cinco describen el entorno, los planes, los recursos, los procesos y los productos, y décadas de evidencia acumulada muestran que la mayor parte de las evaluaciones se detienen mucho antes de llegar al paso final.
Una recopilación global de más de 8 000 evaluaciones de áreas protegidas, publicada en 2010, reveló que las puntuaciones más altas se concentraban en el establecimiento legal y la delimitación territorial, es decir, los aspectos más fáciles de verificar en un formulario, mientras que la asignación de recursos y la efectividad de la gestión se encontraban entre los aspectos con las puntuaciones más bajas.
La magnitud de lo que se pasa por alto se evidencia cuando los resultados se comparan con un contrafactual real: ¿qué habría ocurrido sin la intervención?
Cuando un equipo de investigadores comparó los bosques protegidos de Costa Rica con tierras no protegidas, para evaluar el reconocido sistema de parques del país a lo largo de casi cuatro décadas, encontró que los métodos convencionales de reporte, aún frecuentes en los registros mundiales de biodiversidad, sobreestimaban en más de un 65 % la superficie del bosque que realmente se había salvado. Una hectárea legalmente designada como protegida no constituye la misma evidencia que una hectárea que sigue en pie. La diferencia entre ambas no es solo un error de cálculo en una política que hoy sustenta gran parte del financiamiento de la conservación en el mundo.
Cerrar esa brecha es, en buena medida, un trabajo que Landscape Alliance ya realiza. Uno de los ejemplos más claros es el Marco de Vigilancia de la Degradación de la Tierra (LDSF, por sus siglas en inglés). En lugar de preguntar si se elaboró un plan de gestión o si se completó un proyecto, el LDSF mide el terreno en sí, mediante un protocolo de campo estandarizado que se aplica en bloques de paisaje de 100 kilómetros cuadrados. Este sistema registra la estructura de la vegetación, la diversidad de especies, el carbono del suelo, la infiltración del agua, la degradación y la recuperación del terreno.
Investigadores recolectan muestras de suelo utilizando el Marco de Vigilancia de la Degradación de la Tierra en Malawi. Foto por Kelvin Trautman / Landscape Alliance.
El marco se ha implementado en más de 40 países, generando líneas de base biofísicas para monitorear en el tiempo los efectos reales de la restauración y la gestión de la tierra. Estos datos pueden ayudar a priorizar intervenciones donde es más probable que generen mayor impacto.
“Al proporcionar mediciones de campo consistentes sobre la salud del suelo, la degradación de la tierra y la biodiversidad vegetal, el LDSF ayuda a identificar áreas prioritarias para la restauración, establecer líneas de base biofísicas, orientar sobre qué intervenciones pueden ser las más adecuadas y monitorear los cambios a lo largo del tiempo en respuesta a dichas intervenciones”, afirmó Leigh Ann Winowiecki, responsable global de investigación sobre salud del suelo y la tierra en Landscape Alliance.
Estas mediciones de campo también pueden respaldar mapeos más amplios. “A partir de los datos de campo del LDSF, también se ha desarrollado un marco analítico que utiliza sensores remotos y algoritmos de aprendizaje automático para generar mapas predictivos de la salud del suelo y la tierra. Esto permite, por ejemplo, evaluar y hacer seguimiento a la erosión y el carbono orgánico del suelo, orientando la forma en que los programas de restauración de tierras a gran escala dirigen sus intervenciones y monitorean su impacto”, señaló Tor-Gunnar Vågen, científico principal del Laboratorio de Ciencia de Datos Espaciales y Aprendizaje Aplicado de Landscape Alliance.
Un esfuerzo similar lleva a cabo el Estudio Global Comparativo sobre REDD+ (GCS REDD+) de Landscape Alliance, que se encuentra en su cuarta fase tras 26 años de seguimiento sobre el terreno del financiamiento del carbono forestal basado en resultados. El estudio ayudó a Vietnam a construir un mecanismo de monitoreo y evaluación para su esquema nacional de pagos por servicios ambientales forestales, ofreciendo al programa nacional una vía para evaluar la condición del bosque en lugar de limitarse a reportar actividades.
La pregunta es si la próxima década de financiamiento para los bosques y paisajes realmente pondrá estas herramientas en práctica, ya sea con esquemas basados en resultados, orientados a impactos o simplemente mejor financiados, o si seguirá premiando el cumplimiento de indicadores en lugar de los bosques que realmente se conservan y restauran.
Desde 2018, también ha monitoreado el progreso de la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD+) en 39 jurisdicciones de 12 países tropicales, generando evidencia que fundamentó decisiones sobre el financiamiento a esa escala. Más recientemente, investigadores en colaboración con la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil) crearon simuladores interactivos de deforestación y emisiones de carbono para Brasil, la República Democrática del Congo, Indonesia y Perú. Esto permite a los responsables de la toma de decisiones comparar lo que sucede sobre el terreno con un contrafactual modelado: cómo serían la pérdida de bosques y las emisiones si los planes nacionales de control de la deforestación se aplicasen de manera integral y no solo parcial.
Bajo este enfoque, el carbono es la dimensión que más ha madurado. En octubre de 2024, el Fondo Verde del Clima adoptó la política de integrar los pagos basados en resultados de REDD+ dentro de su programación habitual, pasando de ser un sistema piloto a una política permanente. Para el periodo de programación 2024-2027, el fondo fijó el precio en 8 USD por tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente para las reducciones de emisiones elegibles alcanzadas entre 2018 y 2022. Sin embargo, el carbono forestal sigue siendo la única dimensión de este problema que cuenta con una métrica de resultados viable y operativa. La biodiversidad, el agua y el bienestar de las personas que habitan estos paisajes aún carecen de sistemas de medición equivalentes. En su mayoría, se sigue reportando de la antigua forma: a través de insumos y actividades fáciles de contar, en lugar de las condiciones reales, que son difíciles de cambiar.
Para abordar estos desafíos, Landscape Alliance aplica el enfoque de Planificación del Uso del Suelo para Múltiples Servicios Ambientales (LUMENS), que ya fue implementado en más de siete países. Este utiliza modelado espacial para comparar el crecimiento convencional con escenarios de uso del suelo bajos en carbono, positivos para la biodiversidad y positivos para el agua, evaluando los impactos en el desempeño económico, las emisiones de gases de efecto invernadero y la salud de los ecosistemas.
El enfoque respalda la planificación del crecimiento verde subnacional a través de tres principios: inclusión, al involucrar a las partes interesadas y abordar la tenencia de la tierra y las prioridades comunitarias; integración, al vincular el desarrollo, la conservación y la planificación espacial; e información, al utilizar evidencia y análisis de compensaciones (trade-offs). Las estrategias resultantes se incorporan en los planes, programas y presupuestos gubernamentales para respaldar su implementación a largo plazo.
Esa brecha será aún más crítica durante la próxima década. Landscape Alliance se ha fijado la meta para 2035 de restaurar 15 millones de hectáreas de tierras degradadas y respaldar medios de vida resilientes para 20 millones de personas, junto con reducciones de emisiones equivalentes a 500 millones de toneladas de dióxido de carbono. Que esas cifras terminen describiendo tierras que son objetivamente más saludables o simplemente tierras donde se registró una actividad como completa, dependerá de si la medición de resultados, del tipo que representan el LDSF, las herramientas de escenarios del GCS REDD+ y la Planificación del Crecimiento Verde LUMENS, se extiende al resto de este trabajo o permanece limitada a estos ejemplos.
A treinta años del inicio de la era de los criterios, indicadores y certificaciones, los instrumentos necesarios para cerrar esta brecha ya existen, y la propia investigación de Landscape Alliance es prueba de ello. La pregunta es si la próxima década de financiamiento para los bosques y paisajes realmente pondrá estas herramientas en práctica, ya sea con esquemas basados en resultados, orientados a impactos o simplemente mejor financiados, o si seguirá premiando el cumplimiento de indicadores en lugar de los bosques que realmente se conservan y restauran. Eso aún está por decidirse.
