Si los enfoques jurisdiccionales de REDD+ (JREDD+) buscan beneficiar a los Pueblos Indígenas (PI) y las comunidades locales (CL), es necesario prestar mucha más atención a las cuestiones de gobernanza y no centrarse únicamente en la medición del carbono, según un nuevo InfoBrief de Landscape Alliance.
Con demasiada frecuencia, las complejas exigencias técnicas de los programas de carbono desvían la atención de las necesidades y prioridades territoriales de los PI y las CL, señalan los autores de “Jurisdictional REDD+ in theory and practice: Opportunities and risks for Indigenous Peoples and local communities in three initiatives”. En su lugar, la atención se desplaza hacia la obtención del consentimiento sin claridad sobre aquello que realmente se está consintiendo, o hacia la negociación de porcentajes de distribución de beneficios que pueden relegar cuestiones fundamentales como la gobernanza territorial, la deforestación y los derechos.
La iniciativa para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación del bosque (REDD+) fue introducida como un mecanismo global para enfrentar el cambio climático mediante la conservación de los bosques. Sin embargo, desde hace años este enfoque genera debate sobre su efectividad y sus efectos en las comunidades locales.
En medio de las preocupaciones sobre la credibilidad de los programas de REDD+, la cantidad de créditos de carbono voluntarios emitidos por proyectos REDD+ basados en proyectos disminuyó de más de 120 millones en 2021 a alrededor de 10 millones en 2025, según el informe, que cita datos de OPIS Insights.
Esta caída está impulsando la demanda de créditos de carbono de alta integridad, con una mayor atención a su validez, gobernanza, transparencia y respeto por los derechos de los PI y las CL. Al mismo tiempo, donantes y gobiernos están avanzando hacia modelos de REDD+ jurisdiccional, considerados más creíbles e integrados que los proyectos individuales.
“Un enfoque jurisdiccional desde la perspectiva de la gobernanza permite abordar las inversiones y los factores que impulsan la deforestación, incluidas todas sus causas subyacentes, y encontrar otra manera —sostenible— de impulsar el desarrollo en un territorio”, señaló Anne Larson, autora principal del informe y científica principal de Landscape Alliance.
“El JREDD+ no es lo mismo que el REDD+ basado en proyectos. Son los proyectos los que, en algunos casos, atan a las comunidades a contratos de largo plazo que les impiden utilizar determinadas partes de sus bosques durante 30 años o más”.
El informe examina tres iniciativas de JREDD+: los programas subnacionales de Kalimantan Oriental, en Indonesia, y del estado de Pará, en Brasil, así como el programa Grupo Perú, liderado por organizaciones indígenas. El análisis busca comprender qué implicaría en la práctica para los PI y las CL adoptar un enfoque jurisdiccional que involucre de manera articulada al conjunto del Gobierno.
El análisis se basa en un proceso de trabajo realizado entre 2024 y 2026 en las tres jurisdicciones, orientado a comprender las percepciones sobre el carbono de alta integridad social, así como las necesidades de fortalecimiento de capacidades y capacitación de los gobiernos locales y las comunidades.
Los resultados muestran importantes brechas entre la teoría y la implementación del JREDD+. Las tres iniciativas han avanzado en cierta medida en la participación de los PI y las CL, pero ninguna ofrece todo el conjunto de beneficios y compromisos que implicaría un enfoque verdaderamente jurisdiccional. Los hallazgos también muestran que se necesita mucha más investigación sobre este tema, particularmente complejo, para comprender mejor las oportunidades y los riesgos concretos que los enfoques jurisdiccionales de REDD+ representan para los PI y las CL.
La brecha entre la teoría y la práctica es más evidente en Kalimantan Oriental, Indonesia. De las tres iniciativas estudiadas, esta es la más avanzada y la primera en recibir un pago por un período de acreditación concluido. En 2025, Kalimantan Oriental recibió un pago final de USD 89,1 millones del Banco Mundial por reducciones verificadas de 22 millones de toneladas de CO₂ equivalente.
La superposición de competencias y la débil coordinación agravaron las dificultades, explicó Moira Moeliono, científica principal de Landscape Alliance.
“Kalimantan Oriental fue concebido desde el inicio como un programa de JREDD+, pero la manera en que se implementó fue otra historia. Fue más difícil de lo que se pensaba”, añadió.
La tensión entre la teoría y la realidad también se reflejó en los hallazgos sobre el terreno relacionados con la consulta y la inclusión de los PI y las CL. Los participantes señalaron que, con demasiada frecuencia, las consultas consistían en que funcionarios comunicaban programas ya definidos, en lugar de facilitar un diálogo genuino. Las comunidades sentían que su participación respondía más a una exigencia de cumplimiento que a una participación efectiva en la toma de decisiones.
Moeliono señaló que esta brecha también reflejaba una deficiencia más profunda en la manera en que se aplicaba el consentimiento libre, previo e informado (CLPI). “Informar no significa únicamente transmitir información, sino también asegurarse de que las comunidades comprendan realmente la información que reciben y sepan qué hacer con ella”, explicó.
Estas brechas en la aplicación del CLPI limitaron el cumplimiento de los impactos sociales y de gobernanza esperados por el programa, aunque Moeliono destacó como un aspecto positivo que se hayan logrado reducciones verificadas de emisiones.
Un funcionario del gobierno local conversa con habitantes de una comunidad en Kalimantan Oriental, Indonesia. Foto: Dede Rohadi/Landscape Alliance.
El panorama es similar en el estado de Pará, Brasil, una jurisdicción diez veces más grande que Kalimantan Oriental. La Coalición para la Reducción de las Emisiones mediante la Aceleración del Financiamiento Forestal (LEAF por sus siglas en inglés) acordó comprar créditos por USD 180 millones una vez que finalice el proceso de verificación. Aunque tres organizaciones representativas de PI y CL participaron en el desarrollo del programa de JREDD+ de Pará, su participación formal no se ha traducido en una participación efectiva en la toma de decisiones. Por ejemplo, representantes de PI y CL señalan que no fueron consultados cuando el estado creó la agencia de capital mixto que administrará y distribuirá los ingresos provenientes del carbono.
Las consultas sobre el CLPI están en marcha, pero los líderes temen que las comunidades no cuenten con la información básica necesaria para comprender el complejo proceso de REDD+ y sus implicaciones. Como resultado, los miembros de las comunidades sienten que no tienen capacidad de incidencia en las decisiones. Como señaló uno de los participantes: “El REDD+ en sí no es el problema; el problema es la manera en que se nos está imponiendo… sin explicación”.
A pesar de estas preocupaciones, organizaciones de la sociedad civil consideran que la participación de las organizaciones representativas de los PI y las CL sigue siendo fundamental:
“El proceso tiene dificultades con ellas, pero sería mucho peor sin su participación”, señaló un integrante de una de estas organizaciones.
El estado de Pará tampoco ha adoptado un enfoque jurisdiccional integral. El JREDD+ fue incorporado al marco de política climática de Pará a través del Plan Estatal Amazonía Ahora (PEAA), pero actores locales señalan que el programa funciona en gran medida como un proyecto dentro de la estructura estatal, en lugar de constituir un proceso más amplio de transformación estructural.
“Aunque los PI y las CL han participado en la construcción del JREDD+, durante este mismo período han seguido enfrentando marginación a través de otras políticas e intervenciones estatales que afectan directamente su bienestar”, señaló Marina Cromberg, coautora del estudio y consultora principal de Landscape Alliance.
Barcos navegan por un rio entre los densos bosques de la isla de Combu, frente a la bahía de Guajará, en Belém, Pará, Brasil. Foto: Dado Galdieri / Landscape Alliance.
El tercer caso analizado, Grupo Perú, tiene una estructura diferente. Reúne a un conjunto diverso de comunidades indígenas que no están ubicadas en un territorio continuo y trabaja para alinearse con el estándar de carbono ART TREES, orientado a créditos de carbono de bosques con alta cobertura forestal y baja deforestación (HFLD, por sus siglas en inglés).
Grupo Perú es una coalición de tres organizaciones indígenas: la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y la Asociación Nacional de Ejecutores de Contratos de Administración de las Reservas Comunales del Perú (ANECAP).
Larson considera que Grupo Perú es uno de los ejemplos más prometedores para los PI. “Grupo Perú tiene muy claro el objetivo: saben qué quieren obtener de este proceso”, señaló. Sin embargo, por sí solo, “no es realmente un enfoque jurisdiccional”, dado que los factores que impulsan la deforestación se originan en gran medida fuera de los territorios indígenas, explicó Larson.
“Esto significa que Grupo Perú no solo necesita seguir trabajando de manera efectiva con el Ministerio del Ambiente, sino que también requiere el involucramiento activo de otros ministerios, algo que parece poco probable”. Aun así, las organizaciones que integran la coalición han construido una alianza nacional sin precedentes, posicionándose como actores políticos y no como beneficiarios pasivos.
Lo que está en juego es encontrar un equilibrio adecuado entre la medición del carbono y la gobernanza. Un metaanálisis liderado por Reem Hajjar, científica social de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, encontró que los contratos de carbono bajo esquemas de REDD+ basados en proyectos suelen interferir con los procesos locales de toma de decisiones. Estos contratos pueden restringir el uso de los recursos y sujetar a las comunidades a normas rígidas sobre el uso de la tierra, en contraste con la flexibilidad que busca ofrecer un enfoque centrado en la gobernanza.
“La clave está en no perderse en los detalles técnicos y, en cambio, pensar en cuál es el verdadero potencial del enfoque jurisdiccional”, señaló Larson. “Se trata de volver a poner la atención en lo que realmente importa y no únicamente en el sistema de contabilidad del carbono”.
A medida que crece el interés por el JREDD+, concluye el informe, será necesario volver a colocar la gobernanza en el centro si se busca que el enfoque jurisdiccional contribuya tanto a reducir la deforestación como a garantizar los derechos, el bienestar y la autodeterminación de los PI y las CL. De lo contrario, existe el riesgo de que termine convirtiéndose simplemente en una versión más grande y compleja de los proyectos que buscaba reemplazar.
Agradecimientos
Este artículo fue elaborado con el apoyo de laClimate and Land Use Alliance (CLUA). Las opiniones expresadas son responsabilidad de las autoras y no reflejan necesariamente las posiciones de CLUA ni de sus socios.
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