Dieciocho años después de que el Perú comenzara a trabajar en la generación de créditos de carbono verificables para hacer frente al cambio climático, aún persisten interrogantes sobre qué significa realmente el “carbono de alta integridad” en el contexto de la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal a escala jurisdiccional (JREDD+). La preocupación de fondo es la posible brecha entre el discurso y lo que ocurre en el terreno.

Una nueva investigación, basada en entrevistas con actores del sector privado, el Gobierno, organizaciones de Pueblos Indígenas y otros sectores, encuentra un amplio consenso sobre la necesidad de que las iniciativas JREDD+ incorporen criterios sociales junto con los ambientales.

Sin embargo, persisten dudas sobre cómo llevar esos principios a la práctica. En parte, esto se debe a que JREDD+ apenas ha comenzado a cobrar impulso.

“Es algo nuevo que aún no se ha debatido ampliamente”, afirmó Vania Martínez, investigadora asociada sénior en Derechos y Justicia Ambiental de Landscape Alliance y una de las tres coautoras del informe de investigación.

El Perú comenzó a implementar proyectos REDD+ en 2008, bajo el liderazgo del Ministerio del Ambiente (MINAM).

Desde entonces, las dudas sobre la credibilidad de REDD+ han aumentado en todo el mundo, mientras que la demanda de créditos voluntarios de carbono procedentes de proyectos REDD+ ha disminuido significativamente. Este escenario ha despertado un creciente interés por el carbono de alta integridad, no solo en relación con la validez de los créditos, sino también con la gobernanza, la transparencia y el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales.

Al mismo tiempo, donantes y gobiernos han comenzado a orientarse hacia modelos jurisdiccionales de REDD+, considerados más creíbles e integrados que los proyectos individuales.

A partir de 18 entrevistas realizadas entre junio y agosto de 2025 con representantes del sector privado, organizaciones indígenas, organizaciones no gubernamentales (ONG), especialistas y funcionarios públicos, la investigación encuentra un amplio consenso en que el concepto de carbono de alta integridad ha evolucionado más allá del principio de “no causar daño” para incorporar criterios sociales.

Pero detrás de ese consenso persisten numerosas preguntas y preocupaciones entre las comunidades locales y otros actores sobre qué significan realmente JREDD+ y la alta integridad social en la práctica.

En sus inicios, los esfuerzos de REDD+ se centraron en las mediciones del sector forestal, con escasa atención a las salvaguardas sociales. Esto generó tensiones con los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en cuyos territorios se desarrollaban los proyectos. Posteriormente, la presión de donantes y defensores de derechos impulsó la incorporación de criterios sociales en la definición de la integridad de los créditos. Primero llegaron las salvaguardas de Cancún de 2010, acordadas durante la COP16, con un marco centrado en “no causar daño”. Más recientemente, el concepto ha evolucionado hacia una consideración más rigurosa y conjunta de los resultados de carbono y los impactos sociales.

“Un enfoque jurisdiccional desde la perspectiva de la gobernanza es una forma de abordar la inversión, los factores que impulsan la deforestación —incluidas sus causas subyacentes— y encontrar otra forma, sostenible, de apoyar el desarrollo en una jurisdicción”, afirmó Anne Larson, investigadora principal de Landscape Alliance y coautora del informe, así como de una revisión recientemente publicada sobre tres paisajes JREDD+ en Brasil, Indonesia y Perú.

Para que estas iniciativas tengan éxito, el carbono de alta integridad necesita un fuerte componente social, pero también herramientas y objetivos claros, señaló Gabriela Gonzales Malca, investigadora asociada sénior en Gobernanza Ambiental de Landscape Alliance y coautora del informe.

“La gente habla de ello, pero a la hora de ponerlo en práctica, suele fracasar”, añadió Gonzales Malca.

Varios representantes de ONG entrevistados expresaron un escepticismo similar. Un experto indígena advirtió que, si no se implementa de manera plena y adecuada, una iniciativa JREDD+ podría terminar reducida a un mercado orientado al lucro, sin beneficios para las comunidades locales.

Cuando los investigadores pidieron a los distintos grupos que priorizaran los aspectos de la alta integridad, las respuestas fueron diversas.

Las ONG hicieron hincapié en la rendición de cuentas financiera y la distribución equitativa de los beneficios, señalando que el 70 % del valor de los créditos debería llegar a quienes protegen los bosques. Las organizaciones indígenas priorizaron la gobernanza inclusiva y la sostenibilidad financiera. Los especialistas consideraron que contar con derechos claramente definidos y una distribución de beneficios adecuada era un requisito previo para todo lo demás. El sector privado, por su parte, dio prioridad a los derechos sobre la tierra y la titulación formal, debido a los costos y a la seguridad jurídica que requieren los operadores.

Casi todos los grupos coincidieron en señalar la “gobernanza inclusiva” como un elemento fundamental. Sin embargo, Martínez advirtió que el concepto se interpreta de manera tan amplia que resulta difícil traducirlo en acciones concretas y medirlo en el terreno. Como consecuencia, las verificaciones recurren con demasiada frecuencia a métricas conocidas de carbono o al cumplimiento documental.

Las diferencias más marcadas surgieron en torno a las prioridades socioculturales —el reconocimiento de la gobernanza indígena, el enfoque intercultural y la flexibilidad territorial—, defendidas casi exclusivamente por los líderes indígenas.

Al preguntar qué actores ya promueven una alta integridad social, las respuestas mostraron un panorama fragmentado: las ONG mencionaron a PROFONANPE (Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú); los funcionarios públicos, al Peru Carbon Forum; y las organizaciones y especialistas indígenas señalaron con mayor frecuencia a Grupo Perú y su incipiente y ambicioso programa de REDD+ Jurisdiccional liderado por organizaciones indígenas.

Sin coherencia entre las políticas —que permita articular REDD+ con la titulación de tierras, las inversiones y las medidas frente a las actividades ilegales—, las presiones externas podrían socavar los resultados climáticos incluso cuando las comunidades gestionan adecuadamente sus territorios, señalan los autores»

Taller sobre REDD+ en una comunidad en Ucayali, Perú. Juan Carlos Huayllapuma / Landscape Alliance.

Una propuesta indígena para llevar la integridad a la práctica

El innovador enfoque JREDD+ del Perú viene siendo impulsado conjuntamente por el MINAM y Grupo Perú, una coalición integrada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y la Asociación Nacional de Ejecutores de Contratos de Administración de Reservas Comunales del Perú (ANECAP).

Ha sido descrito como el primer programa REDD+ Jurisdiccional del mundo en territorios indígenas en el que las organizaciones indígenas participan como socios estratégicos en la toma de decisiones, y no únicamente como beneficiarias.

La propuesta se basa en el enfoque REDD+ Indígena Amazónico (RIA), promovido por AIDESEP, que desde los primeros debates sobre REDD+ planteó como condiciones mínimas el reconocimiento de la tenencia colectiva de la tierra, la participación efectiva en la toma de decisiones y el acceso equitativo a los beneficios.

La mayoría de los participantes indígenas entrevistados consideró que el enfoque de Grupo Perú representa un avance significativo hacia la alta integridad, porque integra la toma de decisiones comunitaria, la distribución de beneficios y los procesos de consulta en todas las comunidades de los territorios involucrados.

Gonzales Malca lo calificó como “una aproximación importante a la alta integridad”.

Sin embargo, Larson advirtió que Grupo Perú, por sí solo, no constituye un enfoque jurisdiccional completo, ya que los factores que impulsan la deforestación se originan, en gran medida, fuera de los territorios indígenas.

“Esto significa que el Grupo Perú y el Ministerio del Ambiente deben continuar su colaboración, pero además es necesario que otros ministerios del Gobierno se involucren a fondo, aunque esto parece poco probable”, afirmó.

Sin coherencia entre las políticas —que permita articular REDD+ con la titulación de tierras, las inversiones y las medidas frente a las actividades ilegales—, las presiones externas podrían socavar los resultados climáticos incluso cuando las comunidades gestionan adecuadamente sus territorios, señalan los autores.

Martínez relató que, durante una entrevista con un funcionario del Ministerio del Ambiente, le llamó la atención que Grupo Perú estuviera avanzando en JREDD+ con mayor rapidez que el propio Estado, que debe atender otras prioridades.

Un exfuncionario del MINAM coincidió en que todavía es prematuro calificar a JREDD+ como de alta integridad mientras las consultas sobre la hoja de ruta apenas comienzan. En cambio, propuso una prueba concreta: evaluar si el consentimiento libre, previo e informado incluye —y beneficia genuinamente— a todas las comunidades.

Esos, concluyen los autores, serán indicadores clave para determinar si la alta integridad social logra trascender el discurso y hacerse realidad.