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El vacío legal en línea: cómo la compra de semillas socava una “bioeconomía justa”

La capacidad de secuenciar y replicar plantas medicinales a partir de semillas adquiridas comercialmente está reconfigurando la bioeconomía y planteando nuevas preguntas sobre la equidad, la soberanía y el futuro de la distribución de beneficios para los países de origen
Farmer holding freshly harvested ashwagandha plant with exposed roots in dry soil.
Ashwagandha roots freshly harvested from the soil. The medicinal plant supports rural livelihoods in India and lies at the centre of growing debates over digital sequence information and benefit sharing. Photo by

En el ambiente estéril de un laboratorio de Boston con humedad controlada, un tanque burbujeante de levadura modificada genéticamente realiza una alquimia biológica. Está produciendo withanólidos, los potentes compuestos reductores del estrés que han convertido a la ashwagandha en un pilar de la medicina ayurvédica durante más de 3000 años.

Para los científicos que observan los monitores, esto es un triunfo de la “fermentación de precisión”. Promete una cadena de suministro libre de sequías, plagas y fricciones geopolíticas. Pero para los aproximadamente 2,5 millones de pequeños agricultores que cultivan la planta en toda la India, la misma innovación huele menos a progreso y más a desplazamiento.

Este avance científico, detallado en un estudio reciente en Nature Plants, no comenzó con una expedición de bioprospección al Himalaya. Comenzó con el ícono de un carrito de compras. Los investigadores adquirieron el material genético de origen —semillas de Withania somnifera— no mediante un acuerdo de distribución de beneficios con la Autoridad Nacional de Biodiversidad de la India, sino mediante la compra de un paquete a un vendedor en Amazon.com.

Mientras la comunidad internacional se encamina hacia la 17.ª Conferencia de las Partes (COP17) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se celebrará en Armenia a finales de este año, esta transacción aparentemente trivial, este vacío legal, se ha convertido en un símbolo de una fractura más profunda en la bioeconomía mundial. Pone de manifiesto una grieta crítica en la justicia ambiental global: mientras diplomáticos en Cali y Ginebra debaten fondos voluntarios, la extracción digital del patrimonio genético ya podría estar ocurriendo, un pago en línea a la vez.

La fiebre del “oro rosa” frente a la fábrica microbiana

La ashwagandha no es simplemente un arbusto silvestre. A menudo descrita en la India como “oro rosa”, es un cultivo comercial que sostiene los medios de vida rurales en algunas de las regiones ecológicamente más frágiles del país. En 2024, las ventas de ashwagandha en el mercado convencional de Estados Unidos alcanzaron por sí solas los 144,5 millones de dólares, lo que la situó como el tercer suplemento herbal más vendido.

Para los agricultores de distritos como Neemuch y Mandsaur, el cultivo ofrece rendimientos muy superiores a los de los cereales tradicionales, proporcionando un colchón económico crucial frente a la variabilidad climática. Sin embargo, la bioingeniería de levaduras para producir withanólidos amenaza con romper este vínculo.

Al identificar los clústeres genéticos específicos de la planta y “cargarlos” en levaduras (Saccharomyces cerevisiae), los investigadores han creado de facto una “fábrica de withanólidos de máxima eficiencia”. Esto desvincula la producción del fármaco de la planta misma. Si se escala, esta tecnología podría relegar a los agricultores indios al mercado de materias primas de bajo valor, mientras que la producción de alto valor y “grado clínico” se trasladaría a tanques de fermentación en el Norte Global.

Ya hemos visto esto antes. Cuando empresas de biología sintética modificaron levaduras para producir vainillina, se comercializó como “natural”, desestabilizando a los agricultores de vainilla en Madagascar. De forma similar, la producción semisintética de artemisinina (para la malaria) alteró las dinámicas del mercado para agricultores de África Oriental y Asia, provocando caídas de precios e inestabilidad en el suministro.

La “brecha de Nagoya”: cuando los átomos se convierten en bits

En el centro de la controversia se encuentra una transformación con la que el derecho internacional ha tenido dificultades para mantenerse al día: el paso de los recursos biológicos de material físico a información digital.

Históricamente, en virtud del Protocolo de Nagoya, adoptado en 2010, los usuarios de recursos genéticos están obligados a obtener el consentimiento previo informado y a compartir beneficios con el país proveedor. En el laboratorio de Boston no se solicitó tal consentimiento. Los investigadores simplemente secuenciaron el ADN de semillas compradas comercialmente.

Una vez que un genoma ha sido secuenciado y cargado como información digital de secuencias (DSI, por sus siglas en inglés) en una base de datos, la planta física se vuelve teóricamente obsoleta para el descubrimiento de fármacos. Laboratorios en Boston, Berlín o Pekín pueden descargar el código y sintetizar compuestos sin contactar jamás con el país del que se originó el material genético.

El desequilibrio regulatorio se ve agravado por la geopolítica. Dado que Estados Unidos no es parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), los investigadores estadounidenses operan en un “refugio seguro” regulatorio. Comprar semillas a un revendedor nacional en EE. UU. elude los desencadenantes regulatorios que se aplicarían si hubieran recolectado la planta en la India, “lavando” efectivamente el recurso genético de sus obligaciones soberanas.

El “Fondo de Cali”: ¿un tigre de papel?

A finales de 2024, en la COP16 celebrada en Cali, Colombia, el mundo intentó cerrar esta brecha. Los países adoptaron la Decisión 16/2, que establece el “Fondo de Cali”, un mecanismo multilateral global para compartir los beneficios derivados del uso de la DSI.

El mecanismo fue aclamado como histórico, dado que invita a las grandes empresas que dependen de la DSI a contribuir con una parte de sus ingresos a un fondo global para la conservación de la biodiversidad. La decisión estableció “tasas indicativas” del 1 % de las ganancias o del 0,1 % de los ingresos.

De forma crucial, para muchos países la contribución sigue siendo voluntaria. El texto final establece que las empresas “deberían” contribuir, en lugar de “deberán”.
Para una empresa emergente de biotecnología en Massachusetts, actualmente no existe ningún requisito legal internacional para aportar al Fondo de Cali. El cumplimiento es un acto de responsabilidad social corporativa, no una obligación legal.

La fortaleza regulatoria de la India

Esto contrasta con la respuesta interna de la India. Anticipando la debilidad de los acuerdos internacionales, la India notificó en 2025 sus nuevos Reglamentos de Diversidad Biológica (Acceso y Distribución de Beneficios). Estos reglamentos amplían explícitamente la definición de “acceso” para incluir la DSI y establecen escalas estrictas y obligatorias de reparto de beneficios para el uso comercial:

• 0,2 % de las ventas brutas anuales ex fábrica para empresas con una facturación de entre 5 y 50 crores de rupias.
• 0,4 % para una facturación de entre 50 y 250 crores.
• 0,6 % para una facturación superior a 250 crores.
• 5 % del precio de venta por adelantado para recursos biológicos de alto valor o transferencias de derechos de propiedad intelectual.

Esto crea una paradoja jurisdiccional: la India cuenta con una ley que afirma su soberanía sobre los datos genéticos digitales, pero no puede aplicarla fácilmente contra una entidad estadounidense que compró semillas a un vendedor externo.

Woman in rural India carrying a metal bowl filled with harvested roots on her head in a dry field.
Una mujer transporta raíces de cultivos recién cosechadas en una región árida de la India. Los medios de vida rurales en las zonas de secano suelen depender de los recursos vegetales, lo que pone de relieve lo que está en juego a medida que la biología digital reconfigura la bioeconomía. Foto: CIFOR-ICRAF.
Farmer crouching in a field in Rajasthan tending young medicinal plants.
Un agricultor indio cuida plantas medicinales en Rajastán. El cultivo de la ashwagandha sostiene los medios de vida rurales y plantea interrogantes sobre cómo la biología digital y las normas de reparto de beneficios configurarán el futuro de los productores. Foto: CIFOR-ICRAF.

Cerrar la brecha

Mientras los delegados se preparan para la COP17 en Ereván, Armenia, a finales de 2026, el caso de la ashwagandha sirve como una advertencia contundente. La “brecha de Nagoya” demuestra que los mecanismos voluntarios son insuficientes en la era de la biología digital.

Para crear una bioeconomía verdaderamente justa, son necesarios tres cambios:

Trazabilidad universal: las oficinas de patentes deben exigir a los solicitantes que revelen el origen geográfico del material biológico utilizado, incluso si se adquirió comercialmente. “Comprado en Amazon” debería activar la obligación de identificar el país de origen.
Endurecer el Fondo de Cali: la transición de contribuciones “indicativas” a “obligatorias” será el principal campo de batalla de la COP17. Sin obligaciones vinculantes, el Fondo de Cali corre el riesgo de convertirse en una simple caja de donaciones, en lugar de un mecanismo de justicia.
Invertir en la “fitomanufactura”: en lugar de reemplazar a los agricultores, la bioeconomía debería empoderarlos. Las inversiones deben centrarse en mejorar la agronomía y el procesamiento de plantas medicinales en los países de origen, manteniendo la cadena de valor arraigada en el suelo.

Hasta que estas brechas se cierren, los tanques burbujeantes de Boston seguirán representando un milagro de la ciencia, pero un fracaso de la justicia.