En 2022, la adopción del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (KMGBF, por sus siglas en inglés) por cerca de 200 países marcó un punto de inflexión en la agenda global de conservación. Más allá de las metas para frenar la pérdida de biodiversidad, el acuerdo incorporó una premisa clave para su implementación efectiva: las políticas y acciones en materia de biodiversidad deben basarse en el respeto y la garantía de los derechos humanos.  

El giro hacia enfoques basados en derechos supone un quiebre con décadas de modelos de conservación centralizados que avanzaron sin reconocer —y, en muchos casos, excluyendo— a quienes habitan, gestionan y dependen de los territorios. “Este enfoque representa un hito en la conservación de la biodiversidad y abre una oportunidad para impulsar cambios transformadores en la forma en que se conciben, implementan y evalúan las políticas de conservación”, señalan los autores de una serie de recomendaciones construidas desde la Amazonía andina. 

En la región, varios países han comenzado a transitar en esa dirección, alineando planes, políticas e instrumentos de gestión con los compromisos globales. Sin embargo, entre los marcos normativos y lo que ocurre en los territorios persisten brechas significativas, vinculadas a capacidades institucionales, coordinación intersectorial y participación efectiva de los titulares de derechos. Junto a estos desafíos, también emergen visiones compartidas y propuestas concretas para avanzar hacia una conservación más efectiva, legítima y sostenible. 

Así lo reflejan una serie de documentos elaborados en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. A partir de procesos de codiseño multiactor, cada uno reúne recomendaciones adaptadas a los contextos nacionales, con el objetivo de orientar la implementación progresiva de una gobernanza de la conservación basada en derechos y sentar las bases para hojas de ruta alineadas con los compromisos asumidos bajo el KMGBF. 

Imaginar futuros posibles  

El proceso que dio origen a estas recomendaciones se desarrolló en el marco del proyecto Diálogos de Conservación, una iniciativa de investigación-acción implementada por CIFOR-ICRAF, en colaboración con la Climate and Land Use Alliance (CLUA) y la Gordon & Betty Moore Foundation.  

A lo largo de talleres participativos en los cuatro países, representantes de Pueblos Indígenas y comunidades locales, gestores de áreas protegidas, responsables de políticas públicas, organizaciones de la sociedad civil y academia imaginaron futuros deseables y trazaron rutas concretas para alcanzarlos. Estos espacios facilitaron la coproducción de conocimiento y la construcción de visiones compartidas sobre cómo debería funcionar una gobernanza de la conservación basada en derechos en contextos nacionales distintos. 

En Colombia, la visión integró enfoques de sostenibilidad y sistemas socioecológicos con los marcos de derechos humanos, reconociendo los derechos de la naturaleza y promoviendo procesos inclusivos y culturalmente pertinentes. En Perú, los diálogos destacaron la participación efectiva de los actores locales como socios activos en la conservación, la articulación entre evidencia científica y saberes territoriales, y el fortalecimiento de espacios como los Comités de Gestión de las áreas naturales protegidas. 

En Ecuador, la visión compartida puso el acento en una conservación intercultural que articule  derechos humanos y de la naturaleza, participación multinivel de actores sociales transparencia, financiamiento sostenible e integración de saberes. En Bolivia, los actores proyectaron áreas protegidas gestionadas de manera participativa y transparente, en articulación con la planificación territorial indígena y comunitaria, al tiempo que subrayaron la necesidad de cerrar la brecha entre un marco legal avanzado y su aplicación efectiva. 

De los compromisos a la acción 

A partir de las visiones consensuadas, los actores identificaron trayectorias posibles para avanzar desde la situación actual hacia los futuros deseables que imaginaron colectivamente. Estas trayectorias permitieron definir resultados alcanzables, así como estrategias y acciones clave para lograrlos, considerando tanto las oportunidades como las limitaciones presentes en cada contexto. 

Sobre esa base, el proceso derivó en la construcción conjunta de recomendaciones organizadas en horizontes de corto, mediano y largo plazo que cada país, según sus marcos y contextos, puede priorizar. Entre ellas se destacan: 

• Fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia y conocimiento plural. 
  Mejorar el acceso, la calidad y el uso de información relevante para la gestión de la conservación, integrando datos científicos con saberes locales y conocimientos indígenas, y asegurando que esa información sea comprensible y útil para quienes toman decisiones en el territorio. 

• Garantizar la participación efectiva y representativa en la gobernanza de la conservación. 
  Pasar de mecanismos formales de consulta a procesos de participación real, donde Pueblos Indígenas, comunidades locales, mujeres y jóvenes incidan de manera legítima en el diseño, la implementación y el seguimiento de las iniciativas de conservación. 

• Asegurar el ejercicio pleno de los derechos colectivos.  
  Traducir los marcos normativos existentes en prácticas concretas en el territorio, fortaleciendo la seguridad jurídica, el respeto a la consulta previa, libre e informada y el reconocimiento de los sistemas propios de gobernanza y planificación territorial. 

• Reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 
  Establecer sistemas claros y accesibles de reporte, monitoreo y seguimiento —incluida la información financiera— que permitan a los actores locales conocer, evaluar y exigir responsabilidades sobre las decisiones y recursos vinculados a la conservación. 

• Promover una distribución equitativa de beneficios y responsabilidades. 
  Asegurar que los costos y beneficios de la conservación se compartan de manera justa, fortaleciendo capacidades locales para gestionar iniciativas sostenibles y generando condiciones para que la conservación contribuya al bienestar y al desarrollo territorial. 

• Consolidar espacios de diálogo y coordinación multiactor. 
  Fortalecer plataformas de encuentro y cogestión que permitan construir acuerdos, prevenir conflictos y articular a comunidades, instituciones públicas, sociedad civil y otros actores en torno a objetivos comunes de conservación basada en derechos. 

Condiciones habilitantes para el cambio 

Los documentos coinciden en que estas acciones solo serán viables si se crean condiciones habilitantes. Entre ellas, destacan la voluntad política sostenida, la asignación de recursos financieros adecuados y la coherencia entre políticas e instituciones sectoriales. La conservación basada en derechos difícilmente prosperará si convive con decisiones que promueven la degradación ambiental o vulneran derechos en otros ámbitos. 

Asimismo, se subraya la importancia de integrar estos enfoques en los principales instrumentos de gestión de áreas protegidas, evitando que queden relegados a proyectos piloto o iniciativas aisladas. 

Mirar hacia adelante 

A más de tres años de la adopción del KMGBF, las experiencias de la Amazonía andina muestran que el camino hacia una conservación más justa y efectiva ya está en marcha, aunque no exento de obstáculos. Las recomendaciones surgidas de los Diálogos de Conservación no ofrecen recetas cerradas, pero sí orientaciones claras para avanzar. 

En un contexto de crisis climática y de biodiversidad, estas propuestas recuerdan que la conservación no es solo una cuestión ambiental, sino también social y política. Reconocer derechos, fortalecer la gobernanza colaborativa y escuchar a quienes han cuidado los territorios durante generaciones no es una concesión: es una condición indispensable para asegurar el futuro de la biodiversidad y de las personas que dependen de ella. 

Para obtener más información sobre tema puede ponerse en contacto con Anne Larson en [email protected] y con Rocío Vasquez en [email protected]