Los créditos de carbono—diseñados para representar reducciones o remociones de gases de efecto invernadero—se han convertido en una herramienta clave en la respuesta global a la crisis climática. Sin embargo, persisten dudas sobre si todos los créditos representan beneficios genuinos y duraderos para las personas y la naturaleza. 

Algunos proyectos de compensación de carbono han sido acusados de sobreestimar su impacto climático, mientras que otros han fallado en garantizar y respetar los derechos de los Pueblos Indígenas (PI) y las comunidades locales (CL) que dependen de los bosques. Aunque los PI y CL participan cada vez más en iniciativas de carbono y los mecanismos de distribución de beneficios y responsabilidades están mejorando, se presta muy poca atención a sus derechos de autodeterminación y toma de decisiones.

En respuesta a estos desafíos, el concepto de “carbono de alta integridad” (HIC, por sus siglas en inglés)ha cobrado fuerza. Para que los créditos de carbono sean de alta integridad, deberían cumplir con rigurosos estándares ambientales y sociales para contribuir de manera significativa a los esfuerzos climáticos globales.  

Una reciente revisión de literatura, basada en publicaciones y declaraciones de quienes promueven el HIC, exploró cómo se define la “alta integridad”, así como sus alcances y limitaciones. Los hallazgos destacan vacíos en las definiciones actuales y subrayan la necesidad de repensar qué constituye la alta integridad.

Pueblos Indígenas, comunidades locales y alta integridad

Los mercados de carbono son motivo de controversia dentro de los movimientos y comunidades de los PI y las CL. Sus respuestas son diversas: desde iniciativas pioneras como el Programa REDD+ Jurisdiccional Indígena en Perú, hasta el rechazo absoluto de los mercados de carbono y del mismo concepto del carbono como valor transable. También existen informes e investigaciones periodísticas que han documentado violaciones de derechos asociadas a iniciativas de carbono.

Nuestra revisión muestra cómo los PI y las CL prestan especial atención a la equidad y la justicia en los programas de carbono, con demandas claras. Entre ellas: el reconocimiento, respeto y fortalecimiento de sus sistemas de gobernanza; la valoración e integración de saberes y prácticas ancestrales y tradicionales; un cambio en los sistemas de salvaguardas de un enfoque de “no hacer daño” a uno proactivo de “hacerlo mejor”; la ampliación de los mecanismos de financiamiento directo; y el establecimiento de mecanismos independientes de reclamos, entre otros.

Redefiniendo la alta integridad en el carbono forestal

Encontramos un consenso en torno a los criterios de integridad ambiental para los créditos de carbono. La mayoría de las definiciones coinciden en que los créditos de carbono de alta integridad deben ser a) adicionales—es decir, que las reducciones o remociones no ocurrirían sin el programa—; b) permanentes (que duren en el tiempo); c) libres de fugas (que detener la deforestación o degradación en un lugar no la desplace a otro); y d) verificados mediante métodos basados en evidencia y con la verificación independiente de terceros.

La integridad social, sin embargo, recibe menor apoyo político, técnico y financiero, a pesar de ser igualmente crucial. Las definiciones y enfoques sobre integridad social varían ampliamente; incluso cuando se mencionan explícitamente el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) o la importancia de los derechos de los PI y las CL, a menudo se reducen a estándares mínimos de salvaguardas de “no hacer daño” o permanecen imprecisos con respecto a su implementación. Sin una clara ambición de “hacerlo mejor”, es difícil establecer prácticas que respalden créditos con alta integridad social. 

Con base en nuestra revisión, definimos los créditos de carbono de alta integridad como unidades de reducción o remoción de emisiones proporcionadas por programas que combinan alta calidad y alta ambición, tanto en la dimensión ambiental como en la social. Aunque las definiciones examinadas han contribuido a visibilizar los estándares sociales, pocas alcanzan el nivel de ambición que proponemos: la promoción activa de la participación, la equidad y la justicia.

Rutas para el cambio

Alcanzar esta ambición requiere directrices prácticas con el mismo rigor de las herramientas y metodologías utilizadas para garantizar la alta integridad ambiental, respaldadas por apoyo financiero, político y técnico equivalente.

Estas salvaguardas deben basarse en el reconocimiento y respeto de los derechos consagrados en acuerdos internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 169) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Si el objetivo es “hacerlo mejor”, el progreso debe medirse con indicadores específicos y codesarrollados para evaluar avances, diseñados y supervisados por los propios PI y CL. Esto demandará enfoques que vayan más allá de los marcos jurídicos y de políticas de la mayoría de los países que implementan programas de carbono forestal.

Nuestra revisión identifica cinco aspectos claves relevantes para los derechos de los PI y las CL que cualquier programa de carbono que afirme tener alta integridad debería adoptar:

1. Reconocer y respetar el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI): El CLPI debe ser un proceso continuo, no una reunión única. Guiado por el Convenio 169 de la OIT, debe incluir a mujeres y jóvenes y funcionar como un diálogo respetuoso y permanente entre socios en igualdad, desde el inicio hasta la conclusión del programa.
2. Adoptar enfoques transformadores en materia de género: Los programas de carbono deben ir más allá de ser sensibles o «responsivos» al género y trabajar hacia enfoques transformadores. Esto significa promover la igualdad de género en su núcleo, abordando las causas estructurales de la desigualdad, desde los derechos a la tierra hasta la toma de decisiones y la participación en los beneficios de la venta de créditos de carbono.
3. Respetar los derechos a la tierra y recursos de los PI y las CL: Estos deben ser estrictamente monitoreados y constituir una condición previa para la venta de créditos de carbono. Para evitar agravar contextos políticos ya volátiles, los programas deben mapear y respetar los derechos consuetudinarios, incluidas las desigualdades de género en el acceso a la tierra, y prevenir cualquier desplazamiento comunitario.
4. Garantizar un reparto equitativo de beneficios y responsabilidades: Este reparto no debe limitarse a la propiedad de tierras o carbono, que a menudo es indefinida, poco clara o tiende a asignarse a los hombres. Los mecanismos de distribución justa deben ser diseñados o codiseñados con hombres y mujeres de los PI y las CL, y basarse en una comprensión completa de las cargas involucradas.
5. Establecer sistemas de reclamos y monitoreo culturalmente pertinentes: Los estándares de carbono deben incluir mecanismos de reclamación y reparación independientes, accesibles y transparentes, así como mecanismos para monitorear el cumplimiento de las salvaguardas. Estos sistemas deben entenderse como parte de un enfoque de gestión adaptativa, culturalmente pertinente, accesible, transparente y concebido como una herramienta de evaluación para la implementación de los programas.

Los créditos de carbono de alta integridad pueden ser parte de la solución a la crisis climática, siempre que se implementen con igual énfasis en la solidez ambiental y en la justicia social. La integridad no se alcanza solo con contabilidad; requiere asegurar el respeto a los derechos, abordar las desigualdades y adoptar estrategias para el cambio transformador. Sin este equilibrio, los programas corren el riesgo de reforzar las mismas desigualdades que dicen combatir, mientras pierden la oportunidad de ofrecer soluciones climáticas verdaderamente justas y duraderas.

Para obtener más información sobre esta investigación, puede contactar a Anne Larson en a.larson@cifor-icraf.org o Juan Pablo Sarmiento Barletti en j.sarmiento@cifor-icraf.org. 

Agradecimientos

Este estudio fue financiado por la Alianza para el Clima y el Uso del Suelo (CLUA, por sus siglas en inglés). Las opiniones expresadas pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente las de CIFOR-ICRAF o CLUA.