¿Dónde estaba usted el 11 de septiembre del 2001? Yo estaba en Bali, Indonesia, participando en la Primera Conferencia Ministerial del Proceso de Aplicación de Leyes y Gobernanza sobre los Bosques (FLEG por sus siglas en inglés). Implementada en otras regiones desde su creación en Asia, la Iniciativa FLEG ha permitido dirigir la atención internacional hacia la lucha contra la tala ilegal y otros delitos forestales afines. Debido a que dichos delitos despojan a los gobiernos de los pocos recursos con los que cuentan para su desarrollo, los organismos pro-pobre han adoptado la aplicación de leyes sobre los bosques como una estrategia para promover la reducción de la pobreza.
Después de cinco años, Marcus Colchester y sus colegas han publicado un documento que revisa de forma preliminar cómo los esfuerzos por aplicar las leyes pueden afectar los medios de vida rurales. Justicia en el bosque: Los medios de vida rurales y la aplicación de las leyes sobre los bosques ofrece un resumen de estudios de caso llevados a cabo en Bolivia, Honduras, Nicaragua, Camerún, Indonesia y Canadá. Los resultados son sorprendentemente consistentes a pesar de tratarse de diferentes contextos nacionales.
Por lo general, las leyes forestales tornan ilegales, desde el punto de vista técnico, las fuentes de ingreso basadas en el bosque o imponen requisitos administrativos onerosos sobre los usuarios forestales pequeños. Con frecuencia, la gente pobre en los bosques se ve atrapada en redes más amplias de actividad criminal. Debido a que dichas actividades ilegales están entramadas en la política local, es muy probable que las operaciones punitivas más notorias se orienten más a la gente de escasos recursos que a los operadores forestales poderosos. En consecuencia, un enfoque estricto de aplicación de leyes puede reforzar las injusticias existentes en lugar de promover los intereses de los pobres.
Las leyes fuera del sector forestal que protegen los derechos de las comunidades son por lo general débiles, ambiguas o ignoradas. La reforma legal progresiva –que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales a los recursos forestales- ha tenido lugar como resultado de movilizaciones sociales y demandas que exigen una gobernanza forestal más justa.
Las iniciativas pro-pobre deberían estar orientadas al fortalecimiento de grupos que efectivamente puedan generar dicha demandas, tener en cuenta un marco legal más amplio, y reconocer las consecuencias negativas que pueden resultar involuntariamente cuando se pone demasiado énfasis sobre la aplicación de leyes forestales.
