Los gobiernos locales en América Latina por lo general no hacían más que expedir partidas de nacimiento, recoger la basura, y cuidar las plazas y los mercados y cementerios municipales. Esa época se acabó. Ahora la mayoría de las alcaldías y consejos municipales se meten en asuntos de salud, educación, desarrollo económico y hasta – ya lo adivinaste? – temas forestales.

Bolivia ha concedido a los gobiernos municipales el derecho a reclamar hasta el 20% de los bosques públicos para ser utilizados por grupos locales y ha otorgado el 25% del dinero de las patentes forestales para actividades forestales municipales.

Honduras ha permitido que las municipalidades recuperen el control de los bosques ejidales, que son el 28% de los bosques del país. Esos bosques siempre les pertenecieron a ellos pero estaban siendo administrados por el gobierno central.

Guatemala ha exigido a las municipalidades crear oficinas ambientales y les ha dado incentivos financieros para proyectos de reforestación. Allí los municipios reciben el 50% de las recaudaciones por concesiones y permisos de explotación.

La nueva ley forestal de Nicaragua permite al Instituto Nacional Forestal delegar las responsabilidades para la regulación forestal a los municipios junto con los recursos para hacerlo. Por primera vez los representantes municipales participan en comisiones forestales importantes.

En todo el continente, los gobiernos locales se han metido a sembrar árboles, combatir incendios forestales, demarcar tierras, administrar parques, conceder permisos, e imponer multas. Centenares y quizás miles de municipios tienen sus propias oficinas y comisiones forestales y/o de medio ambiente.

El libro «La gestión forestal municipal en América Latina», preparado por Lyes Ferroukhi, usa casos de Bolivia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, y Nicaragua para analizar esta tendencia. Demuestra cómo la descentralización ha dado nuevas oportunidades de participar a los indígenas, pequeños productores agrícolas y forestales y a grupos ambientalistas locales, y les ha permitido protegerse de grupos externos que quieren usar sus recursos. De la misma manera, sin embargo, la descentralización también ha creado más espacio para la élite local y para los grupos locales que se oponen a la conservación, al manejo forestal sostenible, y a los derechos de los indígenas. La mayoría de las iniciativas forestales municipales son pequeñas e incipientes y carecen de una ayuda técnica sólida, y muy a menudo las agencias forestales nacionales ven a las municipalidades como competidores y no como aliados potenciales.

Algunos municipios se involucran en actividades relacionadas con los bosques debido a la presión de las comunidades y de los ONGs locales. Otros esperan conseguir dinero de los proyectos externos o de los impuestos y regalías forestales. Los municipios más poblados típicamente tienen unidades ambientales mejor estructuradas, aunque no son necesariamente más dinámicas. Los gobiernos locales tienden a ser menos amigables con el medio ambiente en regiones de frontera agrícola y de mucha extracción de madera.

El interés municipal por los bosques llegó para quedarse. Necesita ser mejorado, no ignorado. Parece clave hacer a los gobiernos locales más democráticos y responsables, proporcionándoles autoridad, recursos, y capacidad técnica, y usando a los gobiernos centrales para evitar que se extralimiten. ¿Esto puede ser más fácil decirlo que hacerlo, pero qué no lo es?