La lucha por la tenencia llev\u00f3 al surgimiento de organizaciones ind\u00edgenas locales, nacionales y panamaz\u00f3nicas, que han desempe\u00f1ado un papel cada vez m\u00e1s activo en la promoci\u00f3n de pol\u00edticas que respeten sus derechos territoriales.<\/p>\n
\u201cComprender la historia de las reformas de tenencia en el Per\u00fa es importante para identificar los desaf\u00edos pendientes y las oportunidades que existen para abordarlos\u201d, dice Monterroso.<\/p>\n
Cincuenta pueblos ind\u00edgenas<\/a> viven en la Amazonia peruana y dependen de sus bosques de alta biodiversidad para subsistir. Sin embargo, a pesar de las reformas regulatorias, les sigue siendo dif\u00edcil obtener derechos legales para el uso pleno de esos recursos.<\/p>\n Desde la promulgaci\u00f3n de las primeras leyes modernas que regulan a los pueblos ind\u00edgenas y el derecho a la tierra, hace m\u00e1s de un siglo, la mayor parte de la legislaci\u00f3n ha promovido la colonizaci\u00f3n, la agricultura o el desarrollo privado en la Amazonia peruana, con una mentalidad que considera que los bosques tienen menor valor econ\u00f3mico que la agricultura o la ganader\u00eda.<\/p>\n\n Aun ahora, solo se conceden derechos de propiedad sobre tierras agr\u00edcolas, mientras que el Estado conserva la propiedad de los recursos del subsuelo, como los minerales, y de los bosques de la superficie, otorgando concesiones o derechos de usufructo para el uso de esos recursos pero sin renunciar a la propiedad.<\/p>\n Los funcionarios del gobierno a menudo consideran que los pueblos ind\u00edgenas y sus reclamos territoriales constituyen un obst\u00e1culo para el progreso al dificultar la \u201cutilizaci\u00f3n del bosque\u201d, dice Monterroso.<\/p>\n Sin embargo, cada vez m\u00e1s, las comunidades ind\u00edgenas exigen tener el control de todos los recursos sobre y debajo de sus tierras. Mientras tanto, programas vinculados a los compromisos del Per\u00fa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la deforestaci\u00f3n y la degradaci\u00f3n de los bosques (REDD+)<\/a> les ofrecen apoyo mediante la inclusi\u00f3n de fondos para la titulaci\u00f3n de tierras ind\u00edgenas.<\/p>\n Obst\u00e1culos para la obtenci\u00f3n de t\u00edtulos de propiedad<\/strong><\/p>\n El primer reconocimiento legal del derecho a la tierra para los pueblos ind\u00edgenas de la Amazonia peruana se promulg\u00f3 en 1974. Un a\u00f1o despu\u00e9s, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre puso los bosques bajo el control del gobierno, el cual pod\u00eda otorgar el derecho a su uso. Esto llev\u00f3 al establecimiento de regulaciones separadas para las tierras forestales y las tierras agr\u00edcolas, divisi\u00f3n que se mantiene hasta hoy.<\/p>\n Seg\u00fan las regulaciones actuales, el an\u00e1lisis del suelo determina si la tierra es clasificada como apta para bosque o para agricultura, al margen de si ya est\u00e1 forestada. Solo las \u00e1reas clasificadas como tierras agr\u00edcolas pueden ser tituladas. Los derechos en las \u00e1reas clasificadas como bosques se limitan al derecho de uso, conocido como usufructo, para el cual las comunidades deben firmar un contrato con el gobierno.<\/p>\n Para comercializar productos forestales, las comunidades adem\u00e1s deben solicitar permisos u otro tipo de autorizaci\u00f3n oficial. En muchos casos, tambi\u00e9n deben elaborar y presentar planes de manejo forestal.<\/p>\n Debido a que este proceso de varias etapas es complicado y costoso, solo un 10 por ciento de las comunidades tituladas han obtenido contratos de usufructo, dice Monterroso. Por su complejidad y costo, algunas comunidades se ven limitadas a utilizar los recursos forestales solo para subsistencia, o a extraer ilegalmente madera u otros productos.<\/p>\n A partir de la d\u00e9cada de 1980, el gobierno peruano promulg\u00f3 una serie de leyes para promover el desarrollo, la agricultura y la colonizaci\u00f3n de tierras forestales en la Amazonia. Estos esfuerzos se intensificaron en la d\u00e9cada de 1990 y continuaron hasta la d\u00e9cada de 2000.<\/p>\n Al mismo tiempo, la descentralizaci\u00f3n de la administraci\u00f3n gubernamental signific\u00f3 la transferencia de m\u00e1s responsabilidades del gobierno nacional a los gobiernos regionales.<\/p>\n Durante las d\u00e9cadas siguientes, diversos organismos tuvieron a su cargo la titulaci\u00f3n de tierras, y cada cambio signific\u00f3 el traslado f\u00edsico de cientos de documentos. Muchos se perdieron durante las transiciones, lo que retras\u00f3 el proceso de titulaci\u00f3n de las comunidades.<\/p>\n En muchos casos, las organizaciones no gubernamentales que ayudaron a las organizaciones ind\u00edgenas a mapear sus territorios con coordenadas georreferenciadas y a presentar la documentaci\u00f3n requerida ten\u00edan registros m\u00e1s completos que el gobierno.<\/p>\n Debido a que el gobierno no contaba con un registro nacional \u00fanico de t\u00edtulos de tierras y concesiones para el uso de los recursos, su cada vez m\u00e1s agresiva promoci\u00f3n de proyectos de desarrollo llev\u00f3 a la superposici\u00f3n de concesiones para madera, miner\u00eda, petr\u00f3leo y gas, turismo y reforestaci\u00f3n.<\/p>\n Muchas de esas concesiones se superpon\u00edan tambi\u00e9n con \u00e1reas para las que las comunidades ind\u00edgenas estaban solicitando t\u00edtulos, pero estas no pod\u00edan obtener derechos sobre la tierra mientras no se resolvieran determinados reclamos superpuestos.<\/p>\n Los conflictos estimulan la campa\u00f1a por los derechos territoriales<\/strong><\/p>\n Las tensiones sobre la tenencia de la tierra llegaron a un punto cr\u00edtico con la emisi\u00f3n de un conjunto de 99 decretos legislativos luego de que el Per\u00fa firmara un tratado de libre comercio con los Estados Unidos en 2006.<\/p>\n Funcionarios gubernamentales se\u00f1alaron que dichas medidas eran necesarias para que la legislaci\u00f3n peruana se adecuara al tratado comercial, pero varios de esos decretos debilitaron los derechos sobre las tierras comunales y abrieron las puertas a la operaci\u00f3n de industrias extractivas en tierras de las comunidades.<\/p>\n En 2009, las organizaciones ind\u00edgenas organizaron una protesta de dos meses contra los decretos, bloqueando una importante carretera de la Amazonia cerca de la ciudad de Bagua. En junio de 2009, fuerzas de seguridad intentaron terminar con el bloqueo de la carretera, lo que result\u00f3 en un violento enfrentamiento en el que 34 personas murieron y m\u00e1s de 200 resultaron heridas.<\/p>\n Los acontecimientos en Bagua marcaron un punto de inflexi\u00f3n para los derechos ind\u00edgenas. Los decretos m\u00e1s controvertidos fueron derogados y tras una serie de largas negociaciones se promulg\u00f3 la ley de consulta previa<\/a> del Per\u00fa en 2011. Esta requiere que los pueblos ind\u00edgenas sean consultados sobre cualquier proyecto de desarrollo o medida administrativa que pueda afectar sus derechos colectivos.<\/p>\n La primera legislaci\u00f3n sometida a consulta fue la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que restableci\u00f3 el derecho exclusivo de las comunidades ind\u00edgenas a utilizar los recursos forestales de sus territorios. Ese derecho hab\u00eda sido revocado por una ley de recursos naturales en 1997.<\/p>\n Para el a\u00f1o 2016, 1.365 comunidades amaz\u00f3nicas hab\u00edan obtenido t\u00edtulos sobre m\u00e1s de 12 millones de hect\u00e1reas de tierras, mientras que 644 reclamos, equivalentes a un total de casi 5,8 millones de hect\u00e1reas, segu\u00edan pendientes.<\/p>\n Como una alternativa a los t\u00edtulos comunitarios individuales, las organizaciones ind\u00edgenas tambi\u00e9n obtuvieron la designaci\u00f3n de 2,8 millones de hect\u00e1reas como reservas para la protecci\u00f3n de grupos semin\u00f3madas que evitan el contacto con el mundo exterior, y otros 2,2 millones de hect\u00e1reas como \u201creservas comunales\u201d, \u00e1reas protegidas que abarcan varias comunidades.<\/p>\n Aunque Bagua puso los derechos territoriales comunales en la agenda pol\u00edtica, el proceso de titulaci\u00f3n ha sido lento en los \u00faltimos a\u00f1os y solo se han emitido unos cuantos contratos de usufructo en casi dos d\u00e9cadas. Mientras tanto, la promoci\u00f3n del desarrollo en la Amazonia se ha mantenido, y contin\u00faan los conflictos por el uso de los recursos en tierras de las comunidades.<\/p>\n Las reformas no deben ignorar la historia<\/strong><\/p>\n Esta larga y compleja historia pone en evidencia una serie de razones por las que la implementaci\u00f3n de la reforma de tenencia de tierras y bosques en el Per\u00fa ha sido dif\u00edcil, dice Monterroso.<\/p>\n La falta de claridad sobre los procedimientos y sobre qu\u00e9 organismo gubernamental es el responsable retrasa el proceso. Y ello se complica a\u00fan m\u00e1s por el confuso y costoso procedimiento para la clasificaci\u00f3n del uso de la tierra a partir del an\u00e1lisis de suelos, y el confuso y costoso proceso para la obtenci\u00f3n de contratos de usufructo.<\/p>\n El Per\u00fa a\u00fan no cuenta con un mapa \u00fanico de t\u00edtulos y concesiones, por lo que los conflictos por l\u00edmites y los reclamos contrapuestos siguen obstaculizando el avance en la titulaci\u00f3n de las comunidades.<\/p>\n En los \u00faltimos dos a\u00f1os, se han redoblado esfuerzos para titular a las comunidades ind\u00edgenas de la Amazonia, en parte con el financiamiento de programas relacionados con el clima que apuntan a la preservaci\u00f3n de los bosques. Ello podr\u00eda ser una oportunidad para superar algunos de los obst\u00e1culos, dice Monterroso.<\/p>\n \u201cEs importante que haya una hoja de ruta clara, para que los beneficios de las reformas de tenencia de tierras y bosques lleguen a las comunidades a las que se esperaba beneficiar\u201d, dice.<\/p>\n Las responsabilidades de los organismos gubernamentales nacionales y regionales en el proceso de titulaci\u00f3n deben ser claras, estos tienen que coordinar entre s\u00ed y deben contar con el personal y los fondos presupuestarios necesarios, dice. Las comunidades ind\u00edgenas tambi\u00e9n necesitan aliados en esos organismos, que puedan ayudarlos a desenvolverse en el sistema.<\/p>\n Las reformas de tenencia tambi\u00e9n pueden vincularse con la gesti\u00f3n sostenible de los recursos en las comunidades. Grupos ind\u00edgenas en el Per\u00fa han propuesto un programa \u201cREDD+ ind\u00edgena\u201d<\/a>, que utilice financiamiento relacionado con el clima para promover planes de titulaci\u00f3n y medios de vida.<\/p>\n \u201cLas oportunidades de mejora son claras\u201d, dice Monterroso. \u201cDesafortunadamente, si los desaf\u00edos no se resuelven, existe el riesgo de un conflicto continuo\u201d.<\/p>\n Esta investigaci\u00f3n fue llevada a cabo por CIFOR como parte del Programa de Investigaci\u00f3n del CGIAR sobre Bosques, \u00c1rboles y Agroforester\u00eda (FTA), con el apoyo de la Comisi\u00f3n Europea, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el Fondo Internacional de Desarrollo Agr\u00edcola (FIDA) y la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas para la Alimentaci\u00f3n y la Agricultura (FAO).<\/p>\n Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre los temas tratados en este art\u00edculo, por favor p\u00f3ngase en contacto con Iliana Monterroso en I.Monterroso@cgiar.org<\/a> o Anne Larson en a.larson@cgiar.org<\/a>.<\/p>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En el \u00faltimo medio siglo, m\u00e1s de 1.300 comunidades ind\u00edgenas de la Amazonia peruana han obtenido los t\u00edtulos de m\u00e1s de 12 millones de hect\u00e1reas de tierras, aproximadamente un 17 por ciento del \u00e1rea forestal del pa\u00eds. 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