{"id":28555,"date":"2015-05-21T20:30:01","date_gmt":"2015-05-21T13:30:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.forestsnews.org\/?p=28555"},"modified":"2018-02-07T15:56:42","modified_gmt":"2018-02-07T08:56:42","slug":"un-debate-continuo-la-ley-que-cambio-la-gestion-ambiental-del-peru","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/es\/28555\/un-debate-continuo-la-ley-que-cambio-la-gestion-ambiental-del-peru","title":{"rendered":"Un debate continuo: la ley que cambi\u00f3 la gesti\u00f3n ambiental del Per\u00fa"},"content":{"rendered":"
\"Una<\/a>
Una ley de promoci\u00f3n de\u00a0desarrollo en Per\u00fa est\u00e1 causando un continuo debate por sus implicaciones ambientales. Foto Neil Palmer\/CIAT-CIFOR<\/figcaption><\/figure>\n

Aunque ha pasado casi un a\u00f1o desde que la Ley 30230 \u2013com\u00fanmente conocida como paquetazo ambiental\u2013 fuera debatida y aprobada por el Gobierno peruano entre junio y julio de 2014, la preocupaci\u00f3n por los cambios que estableci\u00f3 para la gesti\u00f3n ambiental y de tenencia de la tierra contin\u00faa.<\/p>\n

Recientemente, organizaciones sociales e ind\u00edgenas de Per\u00fa presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra esta reforma legislativa, y enviaron una carta<\/a> al Gobierno sosteniendo que dicha ley trasgrede compromisos sociales y ambientales establecidos en los Tratados de Libre Comercio con EEUU y la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

Ante esta coyuntura, es pertinente analizar el contexto institucional y las circunstancias en las que se discuti\u00f3 y aprob\u00f3 esta reforma, as\u00ed como las posibles consecuencias para el ambiente y la tenencia de la tierra en el Per\u00fa.<\/p>\n

<\/strong>\u00bfPROMOCI\u00d3N DEL DESARROLLO SOSTENIBLE?<\/strong><\/p>\n

Aunque el t\u00e9rmino desarrollo es ampliamente utilizado, no existe unanimidad sobre qu\u00e9 significa exactamente, ni sobre c\u00f3mo y hasta qu\u00e9 punto se vincula a las normas ambientales y sociales.<\/p>\n

La Ley 30230 fue promovida por el entonces Ministro de Econom\u00eda y Finanzas del Per\u00fa, Luis Miguel Castilla, el Presidente de la Rep\u00fablica, Ollanta Humala y otros actores bajo la premisa que reactivar\u00eda la econom\u00eda del pa\u00eds y promover\u00eda un desarrollo econ\u00f3mico sostenible, atendiendo problemas de gesti\u00f3n p\u00fablica que frenaban las inversiones.<\/p>\n

Los promotores de esta reforma sostuvieron que la gesti\u00f3n ambiental y el otorgamiento de derechos sobre la tierra implicaban tr\u00e1mites administrativos burocr\u00e1ticos, por lo que era necesario simplificarlos para hacer la gesti\u00f3n p\u00fablica m\u00e1s \u00f3ptima, moderna y eficiente y reducir los costos de transacci\u00f3n de proyectos. Con base en esos argumentos, la ley redujo los plazos de tiempo para que el Estado revise y apruebe los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), determin\u00f3 eliminar duplicidades entre los procedimientos para EIA y autorizaciones de desbosque, y redujo los requisitos para otorgar derechos de tenencia.<\/p>\n

Tambi\u00e9n afirmaron que hab\u00eda una visi\u00f3n sesgada en el Estado, as\u00ed como incentivos perversos en la aplicaci\u00f3n de multas ambientales, por lo cual urg\u00eda incorporar una visi\u00f3n integral de desarrollo que considere tanto criterios ambientales como regulatorios, econ\u00f3micos, socioculturales, institucionales y de costo beneficio. Bajo esa premisa la ley: a) someti\u00f3 al voto de todos los sectores decisiones que eran del Ministerio del Ambiente como el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, las Zonas Reservadas, los Est\u00e1ndares de Calidad Ambiental y los L\u00edmites M\u00e1ximos Permisibles; b) aclar\u00f3 que la Zonificaci\u00f3n Ecol\u00f3gica Econ\u00f3mica y el Ordenamiento Territorial, competencia del MINAM, no defin\u00edan el uso del territorio; y c) elimin\u00f3 del presupuesto de la autoridad ambiental fiscalizadora el dinero proveniente de las multas que aplica.<\/p>\n

En este contexto, diversas instituciones, incluyendo la Defensor\u00eda del Pueblo<\/a>, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, las ONG DAR, Muqui, Cepes, CooperAcci\u00f3n<\/a>, EIA<\/a>, SPDE<\/a>, entre otras, han manifestado que la Ley 30230 podr\u00eda vulnerar las normas ambientales y sociales, y no cumplir con promover un desarrollo sostenible de largo plazo mediante inversiones responsables. Incluso algunas organizaciones, como la Plataforma de Ordenamiento Territorial<\/a> plantearon sus dudas sobre c\u00f3mo estas reformas internas lograr\u00e1n frenar la desaceleraci\u00f3n econ\u00f3mica, pues esta responde a factores globales externos.<\/p>\n

INTERESES Y SECTORES EN CONFLICTO<\/strong><\/p>\n

Investigadores de CIFOR, junto a especialistas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), elaboraron un an\u00e1lisis<\/a> donde concluyeron que este denominado paquete de est\u00edmulo econ\u00f3mico debilita la institucionalidad ambiental y la seguridad de la tenencia de la tierra.<\/p>\n

La Ley 30230 podr\u00eda simplificar o acelerar procedimientos sin tomar las precauciones necesarias y, al someterla a voto intersectorial, politiza y burocratiza decisiones t\u00e9cnicas que eran propias del sector ambiente, sin considerar que los diversos sectores ya interven\u00edan en cierta manera. Adem\u00e1s, esta ley afecta el presupuesto que la autoridad fiscalizadora ambiental necesita para el cumplimiento de sus funciones.<\/p>\n

Al observar los objetivos de la ley (promoci\u00f3n de inversiones) con sus efectos (debilitamiento de la institucionalidad ambiental y de tenencia), es importante considerar lo que nos dice la teor\u00eda de gobernanza multinivel. Seg\u00fan esta teor\u00eda no siempre es posible que todos alcancen simult\u00e1neamente sus respectivas metas y algunas veces diferentes perspectivas u objetivos pueden contraponerse. Tambi\u00e9n nos dice que la falta de articulaci\u00f3n y di\u00e1logo puede derivar en conflictos o desbalances.<\/p>\n

El Estudio Comparativo Global sobre REDD+ (GCS)<\/a> de CIFOR ha mostrado evidencias<\/a> de que el Per\u00fa no posee una visi\u00f3n integrada y transversal para la planificaci\u00f3n del uso de la tierra en el corto, mediano y largo plazo, y concluido<\/a> que el pa\u00eds enfrenta los retos de lograr un equilibrio entre crecimiento econ\u00f3mico, reducci\u00f3n de la pobreza y uso sostenible de la tierra. Asimismo, la investigaci\u00f3n sobre<\/a> redes pol\u00edticas, tambi\u00e9n llevada a cabo por CIFOR, ha revelado que muy pocos actores vinculados a REDD+ en Per\u00fa representan los intereses de crecimiento econ\u00f3mico del pa\u00eds, y que hay insuficiente coordinaci\u00f3n y flujo de informaci\u00f3n.<\/p>\n

Algunas ONG, como OXFAM<\/a>, CooperAcci\u00f3n, Grufides y Fedepaz<\/a>, han opinado que al aprobar la Ley 30230, el Gobierno peruano estar\u00eda cediendo ante presiones del MEF y la empresa privada. No hay evidencias de ello. Sin embargo, nuestro an\u00e1lisis<\/a> tambi\u00e9n explica que el Gobierno aprob\u00f3 esta ley inusualmente r\u00e1pido, y que el Ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal, quien primero no respald\u00f3 la iniciativa, dej\u00f3 de mostrarse en contra luego de que fuera aprobada por mayor\u00eda de votos del gabinete ministerial.<\/p>\n

En el marco de nuestra investigaci\u00f3n sobre gobernanza multinivel<\/a> \u2013que analiza la din\u00e1mica entre m\u00faltiples instituciones con objetivos y poderes distintos\u2013 se elabor\u00f3 un estudio legal<\/a> en el cual se concluy\u00f3 que el MINAM no posee muchos de los poderes legales necesarios para alcanzar sus objetivos. As\u00ed, la Ley 30230 podr\u00eda ser reflejo de c\u00f3mo diferentes instituciones negocian posiciones contrapuestas y la capacidad de influencia de cada una de ellas.<\/p>\n

Viene al caso hacer notar que esta ley no es una iniciativa aislada. Fue sustentada por el MEF como parte de una reforma m\u00e1s amplia para dinamizar la econom\u00eda, anunciada en el a\u00f1o 2013 por el Presidente Ollanta Humala y el entonces Ministro de Econom\u00eda a la prensa<\/a>.<\/p>\n

Y, en efecto, nuevos paquetes de est\u00edmulo econ\u00f3mico con implicancias ambientales y sociales est\u00e1n en curso, tales como las \u201cDisposiciones para procedimientos mineros que impulsen proyectos de inversi\u00f3n\u201d y la \u201cLey de promoci\u00f3n de las inversiones para el crecimiento econ\u00f3mico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusi\u00f3n social\u201d. M\u00e1s a\u00fan, la publicaci\u00f3n Contexto de REDD+ en Per\u00fa<\/a>, as\u00ed como otros an\u00e1lisis<\/a> de CIFOR revelan que desde hace algunas d\u00e9cadas que el Gobierno peruano ha venido impulsando un crecimiento econ\u00f3mico mediante actividades que han incentivado la deforestaci\u00f3n.<\/p>\n

<\/strong>COMPROMISOS QUE CUMPLIR<\/strong><\/p>\n

El Gobierno peruano est\u00e1 oficialmente comprometido, a nivel nacional e internacional, con el desarrollo sostenible y la lucha global contra el cambio clim\u00e1tico. La ley forestal vigente establece la protecci\u00f3n de los recursos forestales y de fauna silvestre, y el MINAM posee un compromiso de deforestaci\u00f3n neta cero para el a\u00f1o 2021.<\/p>\n

Sin embargo, organizaciones como EIA<\/a>, CooperAcci\u00f3n, Grufides y Fedepaz<\/a>, OXFAM<\/a> y una coalici\u00f3n de ONG internacionales<\/a> declararon que al aprobar La Ley 30230 el Gobierno peruano ha dado muestras de incoherencia. M\u00e1s a\u00fan, la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU) se pronunci\u00f3 enviando una carta<\/a> al Gobierno peruano record\u00e1ndole los compromisos internacionales que ha adquirido en material ambiental.<\/p>\n

Pero la realidad es que la deforestaci\u00f3n contin\u00faa a pesar de los compromisos y que hay contradicciones dentro del marco legal e institucional del pa\u00eds. La pregunta que queda pendiente entonces sigue siendo \u00bfc\u00f3mo piensa el Gobierno del Per\u00fa afrontar las demandas y desaf\u00edos de la comunidad nacional e internacional por un desarrollo sostenible?<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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