{"id":162686,"date":"2026-08-15T04:00:18","date_gmt":"2026-08-14T21:00:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forestsnews.org\/?p=162686"},"modified":"2026-08-19T04:49:48","modified_gmt":"2026-08-18T21:49:48","slug":"mas-alla-del-carbono-la-gobernanza-es-clave-para-el-exito-del-redd-jurisdiccional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forestsnews.org\/es\/162686\/mas-alla-del-carbono-la-gobernanza-es-clave-para-el-exito-del-redd-jurisdiccional","title":{"rendered":"M\u00e1s all\u00e1 del carbono: la gobernanza es clave para el \u00e9xito del REDD+ jurisdiccional"},"content":{"rendered":"\n

Si los enfoques jurisdiccionales de REDD+<\/a> (JREDD+) buscan beneficiar a los Pueblos Ind\u00edgenas (PI) y las comunidades locales (CL), es necesario prestar mucha m\u00e1s atenci\u00f3n a las cuestiones de gobernanza y no centrarse \u00fanicamente en la medici\u00f3n del carbono, seg\u00fan un nuevo InfoBrief de Landscape Alliance<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Con demasiada frecuencia, las complejas exigencias t\u00e9cnicas de los programas de carbono desv\u00edan la atenci\u00f3n de las necesidades y prioridades territoriales de los PI y las CL, se\u00f1alan los autores de \u201cJurisdictional REDD+ in theory and practice: Opportunities and risks for Indigenous Peoples and local communities in three initiatives\u201d<\/a>. En su lugar, la atenci\u00f3n se desplaza hacia la obtenci\u00f3n del consentimiento sin claridad sobre aquello que realmente se est\u00e1 consintiendo, o hacia la negociaci\u00f3n de porcentajes de distribuci\u00f3n de beneficios que pueden relegar cuestiones fundamentales como la gobernanza territorial, la deforestaci\u00f3n y los derechos.<\/p>\n\n\n\n

La iniciativa para reducir las emisiones derivadas de la deforestaci\u00f3n y la degradaci\u00f3n del bosque (REDD+)<\/a> fue introducida como un mecanismo global para enfrentar el cambio clim\u00e1tico mediante la conservaci\u00f3n de los bosques. Sin embargo, desde hace a\u00f1os este enfoque genera debate sobre su efectividad y sus efectos en las comunidades locales.<\/p>\n\n\n\n

En medio de las preocupaciones sobre la credibilidad de los programas de REDD+, la cantidad de cr\u00e9ditos de carbono voluntarios emitidos por proyectos REDD+ basados en proyectos disminuy\u00f3 de m\u00e1s de 120 millones en 2021 a alrededor de 10 millones en 2025, seg\u00fan el informe, que cita datos de OPIS Insights<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Esta ca\u00edda est\u00e1 impulsando la demanda de cr\u00e9ditos de carbono de alta integridad, con una mayor atenci\u00f3n a su validez, gobernanza, transparencia y respeto por los derechos de los PI y las CL. Al mismo tiempo, donantes y gobiernos est\u00e1n avanzando hacia modelos de REDD+ jurisdiccional, considerados m\u00e1s cre\u00edbles e integrados que los proyectos individuales.<\/p>\n\n\n\n

\u201cUn enfoque jurisdiccional desde la perspectiva de la gobernanza permite abordar las inversiones y los factores que impulsan la deforestaci\u00f3n, incluidas todas sus causas subyacentes, y encontrar otra manera \u2014sostenible\u2014 de impulsar el desarrollo en un territorio\u201d, se\u00f1al\u00f3 Anne Larson, autora principal del informe y cient\u00edfica principal de Landscape Alliance.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl JREDD+ no es lo mismo que el REDD+ basado en proyectos. Son los proyectos los que, en algunos casos, atan a las comunidades a contratos de largo plazo que les impiden utilizar determinadas partes de sus bosques durante 30 a\u00f1os o m\u00e1s\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El informe examina tres iniciativas de JREDD+: los programas subnacionales de Kalimantan Oriental<\/a>, en Indonesia, y del estado de Par\u00e1<\/a>, en Brasil, as\u00ed como el programa Grupo Per\u00fa, liderado por organizaciones ind\u00edgenas. El an\u00e1lisis busca comprender qu\u00e9 implicar\u00eda en la pr\u00e1ctica para los PI y las CL adoptar un enfoque jurisdiccional que involucre de manera articulada al conjunto del Gobierno.<\/p>\n\n\n\n

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Una familia en su hogar en la Amazon\u00eda brasile\u00f1a. Foto: Neil Palmer\/CIAT.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n

El an\u00e1lisis se basa en un proceso de trabajo realizado entre 2024 y 2026 en las tres jurisdicciones, orientado a comprender las percepciones sobre el carbono de alta integridad social, as\u00ed como las necesidades de fortalecimiento de capacidades y capacitaci\u00f3n de los gobiernos locales y las comunidades.<\/p>\n\n\n\n

Los resultados muestran importantes brechas entre la teor\u00eda y la implementaci\u00f3n del JREDD+. Las tres iniciativas han avanzado en cierta medida en la participaci\u00f3n de los PI y las CL, pero ninguna ofrece todo el conjunto de beneficios y compromisos que implicar\u00eda un enfoque verdaderamente jurisdiccional. Los hallazgos tambi\u00e9n muestran que se necesita mucha m\u00e1s investigaci\u00f3n sobre este tema, particularmente complejo, para comprender mejor las oportunidades y los riesgos concretos que los enfoques jurisdiccionales de REDD+ representan para los PI y las CL.<\/p>\n\n\n\n

La brecha entre la teor\u00eda y la pr\u00e1ctica es m\u00e1s evidente en Kalimantan Oriental, Indonesia<\/a>. De las tres iniciativas estudiadas, esta es la m\u00e1s avanzada y la primera en recibir un pago por un per\u00edodo de acreditaci\u00f3n concluido. En 2025, Kalimantan Oriental recibi\u00f3 un pago final de USD 89,1 millones del Banco Mundial por reducciones verificadas de 22 millones de toneladas de CO\u2082 equivalente.<\/p>\n\n\n\n

La superposici\u00f3n de competencias y la d\u00e9bil coordinaci\u00f3n agravaron las dificultades, explic\u00f3 Moira Moeliono, cient\u00edfica principal de Landscape Alliance.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKalimantan Oriental fue concebido desde el inicio como un programa de JREDD+, pero la manera en que se implement\u00f3 fue otra historia. Fue m\u00e1s dif\u00edcil de lo que se pensaba\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

La tensi\u00f3n entre la teor\u00eda y la realidad tambi\u00e9n se reflej\u00f3 en los hallazgos sobre el terreno relacionados con la consulta y la inclusi\u00f3n de los PI y las CL. Los participantes se\u00f1alaron que, con demasiada frecuencia, las consultas consist\u00edan en que funcionarios comunicaban programas ya definidos, en lugar de facilitar un di\u00e1logo genuino. Las comunidades sent\u00edan que su participaci\u00f3n respond\u00eda m\u00e1s a una exigencia de cumplimiento que a una participaci\u00f3n efectiva en la toma de decisiones.<\/p>\n\n\n\n

Moeliono se\u00f1al\u00f3 que esta brecha tambi\u00e9n reflejaba una deficiencia m\u00e1s profunda en la manera en que se aplicaba el consentimiento libre, previo e informado (CLPI)<\/a>. \u201cInformar no significa \u00fanicamente transmitir informaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n asegurarse de que las comunidades comprendan realmente la informaci\u00f3n que reciben y sepan qu\u00e9 hacer con ella\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Estas brechas en la aplicaci\u00f3n del CLPI limitaron el cumplimiento de los impactos sociales y de gobernanza esperados por el programa, aunque Moeliono destac\u00f3 como un aspecto positivo que se hayan logrado reducciones verificadas de emisiones.<\/p>\n\n\n\n

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Un funcionario del gobierno local conversa con habitantes de una comunidad en Kalimantan Oriental, Indonesia. Foto: Dede Rohadi\/Landscape Alliance.<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

El panorama es similar en el estado de Par\u00e1, Brasil, una jurisdicci\u00f3n diez veces m\u00e1s grande que Kalimantan Oriental. La Coalici\u00f3n para la Reducci\u00f3n de las Emisiones mediante la Aceleraci\u00f3n del Financiamiento Forestal (LEAF por sus siglas en ingl\u00e9s) acord\u00f3 comprar cr\u00e9ditos por USD 180 millones una vez que finalice el proceso de verificaci\u00f3n. Aunque tres organizaciones representativas de PI y CL participaron en el desarrollo del programa de JREDD+ de Par\u00e1, su participaci\u00f3n formal no se ha traducido en una participaci\u00f3n efectiva en la toma de decisiones. Por ejemplo, representantes de PI y CL se\u00f1alan que no fueron consultados cuando el estado cre\u00f3 la agencia de capital mixto que administrar\u00e1 y distribuir\u00e1 los ingresos provenientes del carbono.<\/p>\n\n\n\n

Las consultas sobre el CLPI est\u00e1n en marcha, pero los l\u00edderes temen que las comunidades no cuenten con la informaci\u00f3n b\u00e1sica necesaria para comprender el complejo proceso de REDD+ y sus implicaciones. Como resultado, los miembros de las comunidades sienten que no tienen capacidad de incidencia en las decisiones. Como se\u00f1al\u00f3 uno de los participantes: \u201cEl REDD+ en s\u00ed no es el problema; el problema es la manera en que se nos est\u00e1 imponiendo\u2026 sin explicaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de estas preocupaciones, organizaciones de la sociedad civil consideran que la participaci\u00f3n de las organizaciones representativas de los PI y las CL sigue siendo fundamental:<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl proceso tiene dificultades con ellas, pero ser\u00eda mucho peor sin su participaci\u00f3n\u201d, se\u00f1al\u00f3 un integrante de una de estas organizaciones.<\/p>\n\n\n\n

El estado de Par\u00e1 tampoco ha adoptado un enfoque jurisdiccional integral. El JREDD+ fue incorporado al marco de pol\u00edtica clim\u00e1tica de Par\u00e1 a trav\u00e9s del Plan Estatal Amazon\u00eda Ahora (PEAA), pero actores locales se\u00f1alan que el programa funciona en gran medida como un proyecto dentro de la estructura estatal, en lugar de constituir un proceso m\u00e1s amplio de transformaci\u00f3n estructural.<\/p>\n\n\n\n

\u201cAunque los PI y las CL han participado en la construcci\u00f3n del JREDD+, durante este mismo per\u00edodo han seguido enfrentando marginaci\u00f3n a trav\u00e9s de otras pol\u00edticas e intervenciones estatales que afectan directamente su bienestar\u201d, se\u00f1al\u00f3 Marina Cromberg, coautora del estudio y consultora principal de Landscape Alliance.<\/p>\n\n\n\n

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Barcos navegan por un rio entre los densos bosques de la isla de Combu, frente a la bah\u00eda de Guajar\u00e1, en Bel\u00e9m, Par\u00e1, Brasil. Foto: Dado Galdieri \/ Landscape Alliance.<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

El tercer caso analizado, Grupo Per\u00fa, tiene una estructura diferente. Re\u00fane a un conjunto diverso de comunidades ind\u00edgenas que no est\u00e1n ubicadas en un territorio continuo y trabaja para alinearse con el est\u00e1ndar de carbono ART TREES, orientado a cr\u00e9ditos de carbono de bosques con alta cobertura forestal y baja deforestaci\u00f3n (HFLD, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n

Grupo Per\u00fa es una coalici\u00f3n de tres organizaciones ind\u00edgenas: la Asociaci\u00f3n Inter\u00e9tnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederaci\u00f3n de Nacionalidades Amaz\u00f3nicas del Per\u00fa (CONAP) y la Asociaci\u00f3n Nacional de Ejecutores de Contratos de Administraci\u00f3n de las Reservas Comunales del Per\u00fa (ANECAP).<\/p>\n\n\n\n

Larson considera que Grupo Per\u00fa es uno de los ejemplos m\u00e1s prometedores para los PI. \u201cGrupo Per\u00fa tiene muy claro el objetivo: saben qu\u00e9 quieren obtener de este proceso\u201d, se\u00f1al\u00f3. Sin embargo, por s\u00ed solo, \u201cno es realmente un enfoque jurisdiccional\u201d, dado que los factores que impulsan la deforestaci\u00f3n se originan en gran medida fuera de los territorios ind\u00edgenas, explic\u00f3 Larson.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEsto significa que Grupo Per\u00fa no solo necesita seguir trabajando de manera efectiva con el Ministerio del Ambiente, sino que tambi\u00e9n requiere el involucramiento activo de otros ministerios, algo que parece poco probable\u201d. Aun as\u00ed, las organizaciones que integran la coalici\u00f3n han construido una alianza nacional sin precedentes, posicion\u00e1ndose como actores pol\u00edticos y no como beneficiarios pasivos.<\/p>\n\n\n\n

Lo que est\u00e1 en juego es encontrar un equilibrio adecuado entre la medici\u00f3n del carbono y la gobernanza. Un metaan\u00e1lisis liderado por Reem Hajjar, cient\u00edfica social de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, encontr\u00f3 que los contratos de carbono bajo esquemas de REDD+ basados en proyectos suelen interferir con los procesos locales de toma de decisiones. Estos contratos pueden restringir el uso de los recursos y sujetar a las comunidades a normas r\u00edgidas sobre el uso de la tierra, en contraste con la flexibilidad que busca ofrecer un enfoque centrado en la gobernanza.<\/p>\n\n\n\n

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Manejo forestal a peque\u00f1a escala en la comunidad ind\u00edgena de Caller\u00eda, Amazon\u00eda peruana. Foto: Juan Carlos Huayllapuma \/ Landscape Alliance.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n

\u201cLa clave est\u00e1 en no perderse en los detalles t\u00e9cnicos y, en cambio, pensar en cu\u00e1l es el verdadero potencial del enfoque jurisdiccional\u201d, se\u00f1al\u00f3 Larson. \u201cSe trata de volver a poner la atenci\u00f3n en lo que realmente importa y no \u00fanicamente en el sistema de contabilidad del carbono\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A medida que crece el inter\u00e9s por el JREDD+, concluye el informe, ser\u00e1 necesario volver a colocar la gobernanza en el centro si se busca que el enfoque jurisdiccional contribuya tanto a reducir la deforestaci\u00f3n como a garantizar los derechos, el bienestar y la autodeterminaci\u00f3n de los PI y las CL. De lo contrario, existe el riesgo de que termine convirti\u00e9ndose simplemente en una versi\u00f3n m\u00e1s grande y compleja de los proyectos que buscaba reemplazar.<\/p>\n\n\n\n

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forest governance<\/a>, <\/span>indigenous peoples<\/a>, <\/span>REDD+<\/a><\/div>\n\n\n
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Agradecimientos<\/mark><\/strong><\/em><\/h3>\n\n\n\n

Este art\u00edculo fue elaborado con el apoyo de la<\/em> Climate and Land Use Alliance (CLUA)<\/em>. Las opiniones expresadas son responsabilidad de las autoras y no reflejan necesariamente las posiciones de CLUA ni de sus socios.<\/em><\/em><\/h4>\n\n\n\n
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