Los gobiernos municipales de Am\u00e9rica Latina se involucran cada vez m\u00e1s en los asuntos forestales. La Ley Forestal de 1996 en Bolivia les concedi\u00f3 a los gobiernos locales el 25% de las patentes forestales. Tambi\u00e9n permiti\u00f3 que los gobiernos reclamen hasta el 20% de todos los bosques p\u00fablicos para que sean utilizados por grupos comunitarios. Honduras restableci\u00f3 los derechos de los municipios para manejar sus propios bosques, que producen una parte significativa de la madera del pa\u00eds. De igual manera, se han establecido docenas de unidades municipales de administraci\u00f3n forestal en Guatemala.<\/p>\n
Ahora podr\u00edamos preguntar, \u00bfson tales cambios buenos o malos? Seg\u00fan Anne Larson, los resultados han sido mixtos. En su documento, "Recursos naturales y descentralizaci\u00f3n en Nicaragua: \u00bfEst\u00e1n los gobiernos locales a la altura del trabajo?", se concluye que los gobiernos municipales necesitan tener capacidad, incentivos, e inter\u00e9s para manejar los bosques de una forma adecuada. En el caso de Nicaragua, solo los municipios m\u00e1s grandes y las zonas urbanas, as\u00ed como los que reciben apoyo de proyectos externos y ONGs, tienen suficiente capacidad (recursos humanos y financieros) para manejar los bosques. Lo que m\u00e1s incentiva a los gobiernos municipales en estos pa\u00edses, para involucrarse en asuntos forestales, es la oportunidad de aumentar los ingresos municipales, las presiones por parte de las ONGs, los proyectos o los grupos comunitarios y\/o la necesidad de resolver conflictos o crisis. Las leyes y los reglamentos de Nicaragua permiten que los gobiernos municipales se involucren en estos asuntos, pero podr\u00edan ir mucho m\u00e1s lejos y otorgarles derechos y responsabilidades m\u00e1s claras. Para la mayor\u00eda de las autoridades locales, los temas forestales no son de prioridad alta. Sin embargo, para enfrentar estos problemas con seriedad, necesitan tener un inter\u00e9s real en ellos. Esto requiere de un proceso lento de educaci\u00f3n c\u00edvica y cambios culturales.<\/p>\n
Larson basa sus conclusiones en 21 casos documentados por el Instituto Nitlapan en Nicaragua. Ella presta particular atenci\u00f3n a cuatro municipios que han progresado m\u00e1s en relaci\u00f3n con el tema. Los cuatro han aprobado ordenanzas ambientales o forestales y tienen Comisiones Ambientales Municipales (CAMs) donde participan representantes de agencias estatales y de ONGs. Tres de estos municipios tienen por lo menos una persona de tiempo completo trabajando en los temas de recursos naturales. Chinandega tiene viveros municipales, brigadas contra incendios, e inspectores forestales. Achuapa estableci\u00f3 brigadas ecol\u00f3gicas municipales y est\u00e1 haciendo cumplir su ordenanza municipal que regula el uso del bosque, el agua, la fauna y los incendios forestales. Jalapa ha intentado controlar el gorgojo del pino y ha motivado a las compa\u00f1\u00edas para que procesen su madera localmente. Bonanza ha desarrollado un plan municipal para el uso del suelo, ha creado un parque municipal, ha regulado el uso de las motosierras, y est\u00e1 ayudando a proteger<\/p>\n
los territorios ind\u00edgenas contra las invasiones de afuera. Estos casos demuestran que algunos municipios de Am\u00e9rica Latina est\u00e1n progresando. Muchos todav\u00eda tienen un largo camino por recorrer.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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